Acaba de contestar el gobierno español, en una pregunta parlamentaria al diputado de Bildu Jon Inarritu, que en siete países se contrataron durante el 2018 empresas de consultoría en materia de comunicación con la finalidad, dice el Ministerio de Exteriores, de actualizar y potenciar la percepción de las fortalezas españolas. Dicho claramente: España, con Josep Borrell al frente de su diplomacia, tiró de chequera en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suiza y México para mejorar la imagen de España, casualidades, coincidiendo con el proceso soberanista y los problemas reputacionales de España tras el encarcelamiento de miembros del Govern, el exilio del president Carles Puigdemont y diversos consellers, la represión judicial y policial española y las euroórdenes enviadas y retiradas en Bélgica, Reino Unido y Alemania.
No dejan de ser significativos los países escogidos ya que en todos ellos se han producido episodios que han irritado a las autoridades españolas. En Bélgica, residencia de Puigdemont, Comín y Puig, el juez Llarena ha retirado la euroorden hasta en dos ocasiones ya que los delitos de rebelión no han sido aceptados y más tarde por la inmunidad que les da el ser eurodiputados a los dos primeros. En Alemania, fue el tribunal superior del Estado de Schleswig-Holstein el que dejó libre a Puigdemont y dio con la puerta en los morros a la justicia española en julio de 2018. Y en el Reino Unido ha sucedido algo similar con Clara Ponsatí.
En Francia, donde está la sede del Consejo de Europa, este organismo ha analizado más de una vez la situación de los presos políticos y está estudiando la situación en España y Turquía. El caso de Estados Unidos es obvio ya que diferentes medios de comunicación han alzado su voz contra la represión española y defendido el derecho al referéndum, una situación similar a la de Suiza y México.
Llama la atención como se inician causas penales contra miembros del Govern catalán y altos cargos de su administración por acciones similares y como se dilapida el dinero a manos llenas cuando quien lo realiza es el gobierno español. En los dos casos, estamos hablando de dinero de los contribuyentes. Será, quizás, que afianzar la democracia española a golpe de talonario acaba siendo la única manera de poder decir después que España es una democracia consolidada. Para eso servía España Global y la propagación de mentiras de Borrell.