La paradoja de la segunda investidura fallida del candidato Pere Aragonès es que, seguramente, se ha producido en el momento más dulce de las negociaciones entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya desde las elecciones del 14 de febrero. Después de seis semanas de desencuentro, los negociadores de ambos partidos han avanzado desde la primera votación del pasado viernes hasta la segunda de este martes lo suficiente para que el mal rollo del primer día se viera mitigado en esta última sesión parlamentaria.

Aunque el resultado fue el mismo —42 votos a favor (ERC y CUP), 61 en contra (PSC, Vox, comunes, Cs y PP) y 32 abstenciones de Junts— el sabor de boca de los actores independentistas implicados no tuvo la acidez del primer día. Hubo guiños, no muchos, pero los suficientes para que ambos partidos verbalizaran que este es el pacto que hay que hacer y que no hay alternativa posible porque así lo han querido los electores. El hecho de que el presidenciable del PSC, Salvador Illa, haya optado por un discurso de clara confrontación con el independentismo le aleja, hoy por hoy, de cualquier ecuación de pactos, lo que se interpreta como un deseo de los socialistas de rebañar el voto unionista que aún no tienen antes de plantearse otro tipo de aventuras. 

Hay una cierta coincidencia en cuatro aspectos relacionados con la negociación entre Esquerra y Junts: por primera vez hay brotes verdes en las conversaciones, que han atravesado en los últimos 40 días todas las situaciones negativas posibles; esta misma semana podría quedar cerrada la hoja de ruta de la legislatura, con el objetivo de que dure cuatro años; la próxima semana se abordaría la arquitectura del gobierno y el reparto de conselleries, en las que habrá, al menos, dos nuevos departamentos, y quedarían para el final dos temas de conflicto seguro como son la gestión de los fondos europeos y medios de comunicación, desde la publicidad hasta la CCMA, que incluye TV3 y Catalunya Ràdio.

Resumiendo, la procesión del candidato por no salir escogido ha quedado amortiguada si las actuales previsiones se cumplen y, en el horizonte, la complejidad de la política española que se avecina con un PSOE gestionando los indultos a los presos políticos a partir de sus intereses y no de sus compromisos. Y la abogacía del Estado poniéndose de perfil.