La decisión del patronato de la Fundación Bancaria La Caixa de retornar su sede social a Catalunya y también la de Criteria, el primer grupo industrial de Catalunya y España, con participaciones en empresas cotizadas superiores a los 25.000 millones de euros, es una muy buena noticia. Se produce tras el anuncio llevado a cabo hace unas semanas por el Banc Sabadell en la misma dirección, y siete años después de que ambas entidades adoptaran la decisión contraria, trasladando sus domicilios fiscales a Palma y Alicante. Fue en pleno procés y unos días después del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 celebrado en Catalunya. Si en aquel momento la decisión de la Caixa se argumentó como la manera de preservar sus intereses empresariales y sociales, así como su operativa normal, en esta ocasión se ha puesto el acento en que el retorno a Barcelona obedece al hecho de que ya no se daban las circunstancias que motivaron el traslado temporal de dichas sedes a la capital balear.

Aunque era evidente que la noticia iba a llegar más pronto que tarde, ya que no había razones objetivas desde hace un cierto tiempo para mantener la decisión del 2017, los reiterados mensajes de las patronales catalanas, de los sindicatos, del tejido empresarial y de buena parte del poder político, empezando por las administraciones catalanas y siguiendo por el gobierno de Pedro Sánchez, han facilitado el resultado final. Isidre Fainé, el presidente de la Caixa, barajaba desde hace al menos un mes, con total discreción, el mejor momento. Consta que el president Salvador Illa era conocedor de que la noticia se iba a producir y que la decisión estaba tomada por parte de la Fundación. Sus palabras destacando que el trabajo se había hecho sin hacer ruido no eran una frase vacía, sino que refleja la cocina de una operación larvada desde hace un tiempo, aunque su maduración se ha acelerado en las últimas semanas. El ejemplo más claro de que el regreso no había sido ni mucho menos improvisado es que casi coincidió el anuncio del patronato de la Caixa con algunos comunicados extensos y con declaraciones valorando la noticia.

Isidre Fainé, el presidente de la Caixa, barajaba desde hace al menos un mes el mejor momento para el regreso

Aunque el cambio de sede no implica movimiento de personas ni de espacios o servicios corporativos, en la medida en que la mayoría de los empleados y centros de trabajo han estado siempre ubicados en Barcelona, es evidente que el hecho de tener la sede social fuera representaba una serie de inconvenientes que por una razón o por otra acababan mermando la capacidad de realizar una serie de servicios complementarios en Barcelona. Además, las cosas se sabe como empiezan, pero no como acaban. Hoy solo era la sede social en Palma de una fundación que es la tercera del mundo por volumen de activos —con un total de 24.000 millones de euros, según datos de hace algunos años— pero nada aseguraba que los movimientos hubieran podido ser superiores. En el presente ejercicio, tiene el presupuesto más alto de su historia, ronda los 655 millones de euros, y el 60% de la inversión, 340 millones de euros, se destinará al desarrollo de programas sociales, entre los que destacan los de lucha contra la pobreza infantil, creación de empleo para colectivos con dificultades, envejecimiento activo o atención a personas con enfermedades avanzadas.

En cuanto a Criteria, con Fainé de presidente y Àngel Simón de consejero delegado, es de mucho el primer grupo industrial de Catalunya y España, con participaciones en empresas cotizadas superiores a los 25.000 millones de euros. El holding es el primer accionista del banco más grande del Estado, CaixaBank, con el 31,17%; de Naturgy (26,7%) y de Colonial (17%). Además, tiene el 9,99% de Telefónica, el 9,36% de ACS y participaciones en Puig y Aigües de Barcelona. Este martes anunció un acuerdo para entrar en Veolia, el gigante francés del agua, con un 5%, operación valorada en unos 1.000 millones de euros. Y sus planes de futuro no acaban aquí, ya que Criteria quiere elevar el valor de su cartera un 50%, hasta 40.000 millones de euros. Que todo eso se pilote desde Catalunya sin sedes transitorias será también positivo para el futuro.