La Cambra de Comerç acaba de hacer un movimiento inteligente para situar el debate de los presupuestos del Estado allí donde debería estar. Es decir, para acabar con la inmensa tomadura de pelo que supone, en primer lugar, que no se invierta en Catalunya el porcentaje equivalente a su peso en el PIB español, o sea el 19%; y, además, que se exija al Estado que se transfiera a la Generalitat el valor de las inversiones no ejecutadas entre 2013 y 2020, que asciende a más de 3.000 millones de euros.

Nadie puede tildar esta iniciativa de intento de resquebrajar el Estado, ni de resucitar viejas batallas -perdidas, por Catalunya, claro- como es el concierto económico. Es algo mucho más modesto: de unos presupuestos anuales que siempre marginan a Catalunya ya que nunca han cumplido lo que dice el Estatut; al menos que se devuelva lo que se dijo que se invertiría y nunca se ha invertido.

Una situación que, por otro lado, ha permitido que frente al cumplimiento de porcentajes del 60% en Catalunya, la Comunidad de Madrid hiciera el pleno al quince llegando al 113%, o sea, trece puntos más del total acordado. Visto desde fuera de la política es una iniciativa loable, transparente y entendible. Ningún partido independentista debería hacerle ascos y, con el acuerdo cerrado, sería más fácil negociar en Madrid. Porque las cosas se pueden revertir, claro está, con los votos del independentismo en el Congreso de los Diputados. El PNV nos lo enseña cada día con unos pocos diputados mientras que Bildu, menos avezada en esta estrategia pero aprendiéndola rápidamente, lo ha intentado también.

Estos días, el PNV le está echando un pulso a Pedro Sánchez a raíz de las medidas eléctricas que tiene encima de su mesa y que el inquilino de la Moncloa pensaba que sacaría fácilmente adelante. Los nacionalistas vascos se han sumado a la presión de la patronal por su impacto negativo en la industria vasca con el aliento de Iberdrola en el cogote y conservando su sede y tributando en el País Vasco. Le ha faltado tiempo al PNV para recordarle cuáles son los números en el Congreso de los Diputados para que el líder socialista reculara.

La iniciativa de la Cambra ha coincidido en el tiempo con la última nota apocalíptica del Cercle d'Economia , lanzada fundamentalmente contra el Govern, y, también, contra el Ayuntamiento de Barcelona, señalando que hay un riesgo real de que Catalunya y Barcelona queden atrapadas en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia. Dos reflexiones: mezclar el Govern con el Ayuntamiento tiene poco o nada que ver. En el primero gobiernan ERC y Junts, y, en el segundo, los comunes y el PSC. El Govern está tratando de remar contra la represión del estado español, el maltrato financiero y los permanentes incumplimientos. No es poca cosa, ni tampoco nadie debería desdeñarlo. Es más, el Cercle lo que debería hacer es arrimarse al esfuerzo del Govern por reclamar lo que es suyo en Madrid y no situarse siempre al lado de los diferentes gobiernos del Estado.

Cambra y Cercle son dos actores del mundo empresarial catalán. Respetables ambos pero con estrategias y roles diferentes. Y también con actitudes diferentes. Porque unos reman en una dirección y otros, haciendo ver que reman en la misma, lo hacen en dirección contraria. 

En el caso de Barcelona, que la capital de Catalunya entraría en una gran decadencia, tuvieron que verlo cuando el mundo que ellos representan contribuyó activamente a mantener cuatro años más este ayuntamiento dirigido por Ada Colau activando a Manuel Valls e impidiendo un cambio independentista con ERC como ganador de las elecciones al frente del consistorio. Ahora, es fácil que todos ellos hagan el triste papel de plañideras pero deberían ser los primeros en saber que los errores se pagan. En el mundo de la empresa y en la política.