El ultimátum del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenando a la Generalitat que tiene un máximo de 10 días para cumplir la orden que obliga a que el 25% de la educación sea en castellano en las escuelas catalanas y la inmediata reacción del Govern, de la comunidad educativa y de entidades como Òmnium Cultural pidiendo que se ignore la sentencia, sitúa el conflicto en unas coordenadas distintas: ¿estamos ante unos parámetros políticos nuevos que inevitablemente van a volver a llevar a un conflicto directo entre la Generalitat y los tribunales? El mismo president Pere Aragonès reaccionó a la decisión del TSJC señalando que el catalán no se toca y la lengua catalana tampoco.

Veremos si estamos ante un rifirrafe declarativo o ante una pugna de resultado incierto. El clamor de la comunidad educativa, incluido el sindicato mayoritario USTEC, sin duda da pie a pensar que el Govern y la Conselleria d'Educació no están solos en esta batalla. La mayoría política alrededor de la inmersión lingüística y del modelo de escuela catalana también es más amplia que lo que es estrictamente el Govern de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. La CUP y los comuns se encuentran en este amplio bloque, mientras el PSC se balancea como puede para que Vox, PP y Ciudadanos no le señalen como un aliado de las formaciones soberanistas después de los esfuerzos que han hecho los socialistas catalanes en los últimos tiempos para que se les identifique como parte del bloque unionista.

Dijimos hace tiempo que la ofensiva contra el catalán por parte del entramado judicial, político y mediático español iba esta vez muy en serio y que no se trataba, como en ocasiones anteriores, de meros escarceos. El Estado lo ha planteado con todas las piezas perfectamente alineadas para darle un golpe de gracia al catalán. Y quien no lo quiera ver solo es porque el conflicto le viene grande o porque piensa que es mejor rebajar la desavenencia ya que no se va a poder dar un respuesta en consonancia con lo que puede esperar buena parte de la comunidad educativa catalana.

Coincide ello en el tiempo con el conflicto abierto por la Junta Electoral Central que ha retirado el acta de diputado al parlamentario de la CUP por Lleida Pau Juvillà. Es claramente una decisión arbitraria y desprovista de base legal, ya que no existe una sentencia firme del TSJC, pero la JEC ha tirado por el camino de en medio violentando algo tan sagrado en democracia como lo que supone la inhabilitación de un parlamentario electo. Una actitud que solo es comprensible en el marco de la represión al movimiento independentista, y más si se tiene en cuenta que el motivo de la inhabilitación son unos lazos amarillos colgados en las ventanillas de su despacho cuando era concejal de la Paeria.

Desde la abismal diferencia entre ambos casos, sí que tienen algo en común: la división del independentismo acaba pasando factura y la incapacidad para generar consensos lleva a callejones sin salida cuando el adversario no se conforma y quiere revertirlo todo. Acabando con lo que haga falta.