Con el lema Spain for sure (España, sin duda), el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una nueva campaña —hemos perdido la cuenta de las que ha lanzado desde el año 2012, cuando se inició el proceso independentista— para reforzar la imagen del Estado en el extranjero. La democracia plena que se propaga desde la Moncloa a los cuatro vientos y que cuestiona incluso el aún vicepresidente Pablo Iglesias necesita de recursos económicos muy importantes para convencer a los ciudadanos europeos de que España no es lo que aparenta: es un país que reprime la disidencia, que encarcela por motivos relacionados con la libertad de expresión, que tiene al rey emérito fugado a los Emiratos Árabes Unidos desde el pasado mes de agosto, que ha rechazado en el Congreso de los Diputados hasta diez comisiones de investigación para investigar la corrupción de la monarquía, que elimina debates incómodos de las Cortes generales, y que tiene entre sus representantes políticos en la UE a Josep Borrell, capaz él solo de provocar un conflicto diplomático cada vez que habla.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como antes hicieron el propio Borrell, Alfonso María Dastis y José Manuel García-Margallo, invertirán millones de euros en tratar de borrar de la opinión pública lo que el gobierno español ha ido construyendo en los últimos diez años. Pero el dinero ya no basta para tapar la realidad y su insistencia en que España es una democracia plena no hace más que poner de relieve las imperfecciones de un sistema imposible de ser equiparado con sus países vecinos. Sirva como ejemplo la propia campaña: ¿qué países de nuestro entorno necesitan poner de relieve un día sí y otro también que son una democracia plena?, ¿qué país de la Unión Europea tiene ciudadanos exiliados y en prisión por convocar un referéndum?

Hay que salir de la UE para encontrar una situación de represión política y el Gobierno español lo sabe. La reciente votación en el Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí situó a España ante el espejo y, como es normal, no se gustó. El hecho de que solo el 57% de los eurodiputados validaran la retirada de la inmunidad reflejó que España tiene un problema grande y que su imagen está seriamente dañada. Nunca un suplicatorio en el Europarlamento había tenido tan pocos votos a favor, ya que normalmente no deja de ser más que un trámite administrativo y muy poco político, y la razón era el extendido convencimiento en la falta de imparcialidad de la justicia española.

Lo hemos dicho en otras ocasiones. No hay dinero suficiente para maquillar la realidad española en el extranjero. Es una batalla perdida. El Gobierno español tendrá ganada —seguramente no indefinidamente— la batalla política, aquella que se dilucida entre estados, donde unos y otros miran de no hacerse más daño del necesario. Pero hay otras batallas que el independentismo sí que puede ganar y tiene que perseverar en ellas: aquellas que tienen que ver con la denuncia de la represión y la insistencia en un referéndum de independencia. Y esas batallas se tienen que dar desde los partidos, las entidades y también desde el Govern. Solo cuando el pack ha sido completo y sin resquicios se ha conseguido avanzar. Ese también fue un mensaje del 14-F.