¿Es posible celebrar un acto con más de 8.000 personas y el recinto a rebosar en la ciudad de Tarragona, declarado ilegal por los tribunales, la Fiscalia y el Gobierno español, y que lo cierren desafiando la prohibición, las querellas y quizás incluso una suspensión en el cargo el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident Oriol Junqueras? Hace un tiempo, todo el mundo hubiera dicho que eso era imposible. Y uno se hubiera jugado sin pensárselo ante una pregunta tan estúpida el patrimonio, ese que hoy quieren incautar los tribunales a los que pusieron las urnas del 9-N y a los que pondrán las del 1 de octubre. Con la convicción que la centralidad de Catalunya, esa masa lo suficientemente dinámica para mover voluntades y aglutinar decisiones no jugaría esta partida. Que empresarios y revolucionarios de la CUP no se darían la mano en un referéndum de independencia porque el miedo y las amenazas obligarían a rendirse. Y solo unos pocos aguantarían el envite.
Pero esa Catalunya que engloba ideologías muy diferentes, desde el liberalismo a la izquierda más radical, y que acoge en su seno a democristianos, centristas, socialdemócratas, republicanos, socialistas, la izquierda alternativa, feministas, independientes, ha decidido esta vez dar un paso al frente, no rendirse, aceptar el destino en defensa de su dignidad como pueblo. Defender la democracia y las urnas contra viento y marea, superando resistencias que parecían imposibles y cohesionando a la gente. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es la última y significativa incorporación al bloque de alcaldes que quieren hacer posible el referéndum. El paso dado por Colau es muy importante ya que hace saltar por los aires el argumento que el 1 de octubre era una cosa exclusiva de los independentistas. Ese argumentario falaz ya no vale y en esa especie de estado de excepción que pretende crearse en Catalunya, la Fiscalía tiene una alcaldesa más para imputar.
El acto de Tarragona supone el inicio de la campaña electoral. Una campaña electoral prohibida por el Estado que ha movilizado para impedirla todo el aparato judicial y también el policial. Es obvio que el acto de Tarragona es una gran bofetada. No hay que ser un gran analista para darse cuenta de ello. Como lo han sido estas últimas horas los pronunciamientos del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y la portavoz del Departamento de Estado de los EE.UU, Heather Nauert. España tiene suficiente fuerza como Estado para pasar el típex por las declaraciones efectuadas desde Bruselas y desde Washington. ¡Solo faltaría! Pero el gigante que pretendía aplastar a su adversario tiene hoy demasiados frentes a los que atender: un presidente de la CE que asegura que Europa aceptaría el resultado de un referéndum sin que de su boca salga nada que tenga que ver ni con golpe de estado, ni con referéndum ilegal. Debe ser un gran lector de prensa europea y en los resúmenes la de Madrid debe haber quedado fuera.
La historia de Catalunya está llena de encrucijadas, con decisiones acertadas y equivocadas. Pero en pocas ocasiones se ha dado la situación actual: que el grande dude de su victoria y de su relato y que el pequeño haya conseguido sobreponerse a las tradicionales divisiones que siempre le han restado fuerza en el momento de las batallas políticas decisivas. Los próximos quince días van a ser apasionantes y se los vamos a contar como hemos hecho desde el primer día que apareció El Nacional. Un diario joven, comprometido y al servicio de sus lectores.