Caputxinada en Barcelona, magna celebración de la Constitución en Madrid. Presos políticos en Catalunya en prisión provisional ordenada por el Supremo, condenados en firme por el mismo tribunal a raíz de los incidentes en la librería Blanquerna de la Generalitat en la capital española campando a sus anchas en libertad. No son exactamente dos mundos diferentes pero es evidente que la mayoría de la clase política y, en menor medida, de la ciudadanía está en cosas diferentes. El tupido enjambre de grupos del espacio independentista ha acordado una simbólica medida de fuerza en un lugar emblemático, el convento de los Caputxins de Sarrià, que será escenario de 24 horas de denuncia y ayuno con un triple objetivo: apoyo a los presos políticos y exiliados, altavoz de los cuatro presos en huelga de hambre ―Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn― y rechazo a la Constitución española. El president de la Generalitat, Quim Torra, estará en Eslovenia, donde pronunciará una conferencia bajo el título "Catalunya: de la jaula constitucional española a la libertad".

La unidad de Junts per Catalunya, Esquerra, CUP y una parte de los comunes, por pequeña que sea, en la organización y movilización de la Caputxinada de este jueves y viernes es una buena noticia. Y, a buen seguro, tendrá un efecto balsámico sobre el mundo independentista, preocupado por la desunión y las batallas internas -sobre todo, entre JxCat y ERC- y la ausencia de una hoja de ruta. La huelga de hambre está actuando, en este sentido, como un lento catalizador de un mayor consenso entre las dos grandes formaciones y un ejemplo evidente es el acuerdo para la renovación del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que ha estado varios meses en el cajón y que este miércoles se ha anunciado finalmente. No es una cuestión menor ya que los medios públicos dependen de la CCMA y la presidencia cambia de manos al pasar de JxCat a Esquerra.

Que el Govern y diputados de cuatro fuerzas políticas parlamentarias, que representan a una parte muy amplia  de los 135 miembros de la Cámara catalana, estén detrás de una medida de esta naturaleza pone de nuevo el foco en la enorme injusticia que supone la prisión provisional de los presos políticos y el trato que reciben por parte del Tribunal Constitucional en la respuesta a su sus demandas de libertad provisional. Es esa actitud del TC jugando a retrasar la respuesta para retardar al máximo el pronunciamiento de la justicia europea la que ha llevado a cuatro de los presos de Lledoners a emprender una huelga de hambre indefinida. 

En medio de todo ello, la celebración de la caduca Constitución española que tiene un mínimo apoyo de la sociedad catalana y un pobre respaldo de la española, no es más que un 40 aniversario deslucido y marcado por la aparición de la ultraderecha en la vida pública. Alguien se tendría que preguntar por qué son el PP, Ciudadanos y Vox los que se encuentran más cómodos con la Carta Magna española y en su día fueron los más reacios a su aprobación, obviamente en las formaciones políticas de la época.

Mientras se da a conocer el anuncio de una nueva Caputxinada, 52 años después, oigo a Pedro Sánchez y a dirigentes socialistas volver a insistir en que el independentismo debe dar apoyo a los presupuestos generales del Estado. En esta ocasión, utilizando a Vox como señuelo. Más allá del Ebro, como suele decirse, parece que nadie ha entendido que ni quieren, ni pueden. Quien se atreviera a cruzar este Rubicón con presos, exiliados y sin un acuerdo sobre el referéndum acabaría pagando un enorme peaje. Y al suicidio a partir de vagas promesas ya nadie quiere apuntarse.