A expensas de saber de qué lado cae el debate que está habiendo en el gobierno de Pedro Sánchez sobre el grado de control de las comunidades autónomas una vez se levante el estado de alarma, el borrador del real decreto con el que trabajan la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el titular de Transportes José Luis Ábalos viene a establecer que en "la nueva normalidad" el Estado mantendrá una cierta tutela de las autonomías y muchas restricciones. Una especie de 'loapilla', para qué vamos a engañarnos. No hay consenso, al parecer, en el ejecutivo de Sánchez, que ha estado con este texto de aquí para allá, por la incomodidad de algunos ministros de Podemos. Mientras tanto, los abogados del Estado buscan las palabras adecuadas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado.

En definitiva, habrá transferencia de la gestión, pero la normativa general seguirá emanando mayoritariamente desde Madrid. El gobierno español hace así una llave de judo a las autonomías ya que la "nueva normalidad" no es desde el punto de vista real volver a la situación anterior a la pandemia de la Covid-19. Bajo la excusa de un hipotético rebrote del virus en otoño, el mando único existente hasta la fecha formalmente decaerá aunque en la práctica muchas de las decisiones de los próximos meses, por no decir todas las importantes, seguirán emanando desde la Moncloa. Obviando, nuevamente, una gestión integral y total de la sanidad por parte de Catalunya durante las últimas décadas o las competencias exclusivas en materia de turismo o transporte, según recoge el Estatut.

No es esa la única medida que acabará afectando negativamente a Catalunya esta semana, en función de cómo acabe resolviéndose. El decreto ley afecta al poder, a la concepción misma del estado autonómico y a la voracidad de un gobierno central que, aprovechando cualquier excusa, parece decidido a descabezar poco a poco y por la puerta de atrás muchos de sus fundamentos. La otra carpeta tiene relación con el reparto de los 16.000 millones del fondo extraordinario y no reembolsable para las autonomías para paliar los efectos del coronavirus.

Más allá de que el fondo es del todo insuficiente —el president Torra reclama 15.000 millones para Catalunya, de ellos 5.000 millones como transferencia directa del estado—, no es de recibo la aplicación de criterios compensatorios como suele suceder con la negociación de la financiación autonómica. Si el fondo tiene que ver con la afectación del coronavirus en las autonomías ese debería ser el criterio y los números son muy fáciles de hacer. Si lo que se quiere es otra cosa, asistiremos nuevamente al zoco de los intereses partidistas y ya se puede intuir cómo va a acabar.