Aunque uno no debe abrigar muchas esperanzas respecto a lo que acabe sentenciando el Tribunal Supremo y cuando ya se han cumplido cuatro meses desde el inicio del juicio del procés, era importante escuchar este martes las tres acusaciones, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, en su último turno de palabra antes de la conclusión del juicio. Las dos primeras porque, de alguna manera, son brazos ejecutores del Estado y del Gobierno; y la derechona de Vox, para escuchar hasta dónde estaba dispuesta a subir el diapasón. Ninguna novedad por parte de las acusaciones en sus exposiciones y la constatación de que, en el fondo, el juicio no ha sido más que un formalismo ya que las penas están fijadas de antemano. Uno de los oradores dio perfectamente en el clavo de lo que ahora tiene que rematar el Tribunal Supremo en su sentencia de los presos políticos: un castigo con elementos disuasorios permanentes para que nadie lo vuelva a intentar en muchos años.

Así se entiende la dureza de las penas solicitadas, la criminalización de las movilizaciones ciudadanas, los relatos pergeñados de falsedades y que llegan a la opinión pública marcadamente sesgados de lo que sucedió en aquellas jornadas; y, por encima de todo, la reafirmación de que hubo un golpe de Estado protagonizado por las instituciones catalanas con la convivencia de las organizaciones sociales independentistas. Ni un resquicio dejó la Fiscalía en las cuatro intervenciones  que protagonizaron sus responsables. Esa Fiscalía que parece que nadie ha nombrado y de la que ahora el PSOE y antes el PP dicen no saber nada y que mantiene los delitos de rebelión para nueve de los acusados con petición de penas que van de los 16 a los 25 años de prisión y con el añadido de que cumplan el 50% encerrados antes de tener acceso al tercer grado.

Aunque la Abogacía del Estado baja un escalón hasta la sedición, la petición de penas se mueve entre 6 y 12 años. La convicción en el Madrid político es que el Supremo está muy en consonancia con la demanda de la Fiscalía, con la base argumental del juez instructor Pablo Llarena y que Marchena y el resto de miembros de la sala tienen a estas alturas construido mentalmente cuál debe ser el fallo final. A falta de dos o tres jornadas, para la semana que viene quedan las alegaciones de las defensas y las exposiciones públicas de los acusados, y el juicio quedará visto para sentencia.

Es evidente que la imagen del Supremo como un tribunal imparcial y garantista no sale bien parada de este juicio. Pero parece que todo el mundo esto lo tiene más que asumido y, con el tiempo, ya amainará. De aquí a que hablen los tribunales europeos faltan muchos años y cuando llegue ese momento otra clase política tampoco se sentirá responsable. Y es que, en el fondo, qué preocupación puede tener un Tribunal Supremo que, en el escrito por el que se mantienen los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, afirma lo siguiente: "El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975  atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar..." Es de básica que en aquella fecha lo que protagonizó fue un golpe militar contra el gobierno legítimo de la República pero, por lo que parece, la historia se puede reescribir en los tribunales. Todo un torpedo en la línea de la verdad pero que ayuda a entenderlo todo.