La propuesta de la conselleria de Justicia de bonificar con un sobresueldo al personal de la Administración de justicia que redacte las sentencias en catalán es, seguramente, bien intencionada, pero es, cuando menos, chocante. Aunque hace 20 años un gobierno de otro signo político —de Convergència i Unió (CiU)— propusiera que se diera un incentivo económico de 1.000 euros anuales al personal de los juzgados —tanto jueces como secretarios y administrativos— para fomentar el uso del catalán en la redacción de los documentos de los tribunales; la huella que dejó aquella iniciativa ha sido nula con el paso de los años. Solo hace falta echar la vista atrás: en el año 2004 se llegó al 20% de las sentencias en catalán, unas 40.000 aproximadamente. En el año 2024, el porcentaje había caído hasta el 6,56%, 19.385 sentencias. Si se podía hacer una de cada cinco en catalán hace dos décadas, ¿por qué ahora no se hacen? Hay que concluir que porque no les da la real gana, cosa que sí sucedería, al parecer, con una ayuda económica.

Parece sorprendente que los derechos de los catalanohablantes se tengan que proteger a base de prebendas económicas y no porque el catalán es la lengua propia de Catalunya. Además, las facilidades, hoy en día, son enormes y los sistemas de traducción han cambiado tanto a mejor que el irrisorio porcentaje de sentencias en catalán del 6,56% lo que pone de manifiesto es la desidia del estamento judicial en su conjunto. ¿Por qué no pagar a un médico para que haga el informe de un paciente en catalán? O a cualquier otro funcionario público; bien sea un mosso d'Esquadra, un maestro, un trabajador de correos o un inspector de Hacienda. Porque, al fin y al cabo, los jueces son funcionarios públicos y el juez es aquella autoridad pública investida de potestad jurisdiccional para aplicar las leyes y demás normas jurídicas. Con respecto al fomento del catalán, actualmente, se mantiene un convenio entre el Departament de Justícia  y el Consejo de la Abogacía Catalana por el cual se bonifica con hasta 25 euros a los abogados del turno de oficio cada vez que inician las actuaciones judiciales en catalán.

Es sorprendente que los derechos de los catalanohablantes se tengan que proteger a base de prebendas económicas

El hecho de que la iniciativa sea del conseller Ramon Espadaler —hoy al frente de Units per Avançar, pero que en 2003 compartía partido, Unió Democràtica, con la consellera de Justícia Núria de Gispert, que fue quien implantó la medida— debe tener algo que ver. Pero aquellos tiempos eran otros y la situación política también muy diferente. Aunque la profecía del filósofo Francesc Pujols no hablaba de la lengua en que se expresaran los catalanes, estamos muy lejos de que se cumpla lo que decía: “Llegará un día en que los catalanes, solo por el simple hecho de ser catalanes, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado”. Más bien parece que es justo lo contrario, pagamos más que nadie y pagamos por todo. Tenemos más impuestos que nadie y, en una década, no ha habido gobierno en Catalunya que no haya cargado más y más los tributos propios. Eso por no hablar del déficit fiscal, que ha cronificado una situación que ha estrangulado hasta donde ha podido la economía catalana; de un sistema de financiación autonómico lesivo para Catalunya, y de un pobre porcentaje de ejecución de la inversión en infraestructuras recogido en los presupuestos generales del Estado.

Aunque al mundo de la justicia todo llega tarde, no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial puede ser de una gran ayuda en todo el proceso de la traducción al catalán. Ello, junto con un nivel de exigencia más alto en el mundo de la judicatura; no por la vía de la remuneración económica, sino de su obligación de conocer y utilizar la lengua propia. La movilidad por todo el territorio español no ayuda, pero siempre hay mecanismos compensatorios si se quiere preservar la lengua del país. Estamos, no obstante, ante un debate recurrente y con diferentes iniciativas en los últimos años. Recuerdo una, en 2014, cuando Germà Gordó era conseller, para conseguir una mayor presencia del catalán en los juzgados y los registros catalanes. La iniciativa, bajo el lema "En català, també és de llei", reivindicaba que la lengua catalana tenía total garantía jurídica y legal y que, por tanto, podía ser utilizada con normalidad por procuradores, abogados, jueces y notarios. Esfuerzos se han hecho muchos, pero el resultado a la vista está. Nada acaba haciendo rectificar la situación de manera irreversible.