La aritmética y la política no siempre van de la mano, y lo que ha sucedido este martes en el Parlamento Europeo con el suplicatorio para levantar la inmunidad como eurodiputados a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí manda dos mensajes muy claros: en primer lugar, el resultado de la votación que no es otro que una victoria pírrica de las tesis españolas. En el club de los estados, las normas están claras y los suplicatorios no se ganan nunca, ya que no se les enmienda la plana y se les somete a un escarnio público. No había ninguna posibilidad real de que el suplicatorio no prosperara, ya que la política y la justicia llevan en este caso caminos diferentes. España ha maniobrado con una intensidad gubernamental desproporcionada, las cuatro familias ideológicas partidarias de conceder el suplicatorio —progresista (PSOE), popular (PP), liberal (Cs) y conservadores (Vox)— han llevado a cabo una campaña desbordante de presión a sus respectivos grupos parlamentarios y la fuerza del independentismo en Europa es la que es.

Pese a esta realidad, Puigdemont, Comín y Ponsatí han dejado a España al borde del abismo. En el mismo límite y con la vergüenza de que solo el 57% de los eurodiputados se alineara con el suplicatorio solicitado por la judicatura española y el magistrado del Supremo Pablo Llarena. Si del resultado final dejamos fuera a los eurodiputados españoles y solo miramos lo que han hecho los parlamentarios de los demás países de la Unión, el porcentaje se reduce al 55%. Esos son los números: suficientes para la victoria española, pero la causa catalana a favor de la independencia, en contra de la represión y de denuncia de la parcialidad de la justicia española, ha demostrado una fortaleza impensable y una solidaridad que desde Catalunya se debe agradecer a los 293 eurodiputados que no votaron a favor, de los cuales solo cuatro son catalanes. Es un punto de partida impensable antes de la votación y que demuestra que la internacionalización de la causa catalana ha llegado al corazón de Europa y lo ha hecho para quedarse. Cuatrocientos eurodiputados lo hicieron a favor, entre ellos 46 españoles de los partidos del régimen, como un solo bloque, aunque no han podido evitar deserciones en sus filas en otros países.

Ya sé que desde el mismo momento en que se conoció el resultado de la votación, la inconsistencia mediática y política española se ha apresurado a situar a Puigdemont, Comín y Ponsatí a un paso de su entrega a la justicia española y a enmascarar el desprestigio de España. No va a haber entrega a la justicia española de los tres eurodiputados, ni ahora ni en el futuro. Solo ha habido una votación política sin consecuencias judiciales. Eso también lo sabe Llarena, que, consciente de que esta batalla en Bruselas la tiene perdida, trata de demorar el resultado planteando unas cuestiones prejudiciales en los tribunales europeos de Luxemburgo que detengan el reloj de su derrota en Bélgica.

Que minutos después de la decisión del Parlamento Europeo se decidiera suspender el tercer grado de los presos políticos y retornarlos con carácter inmediato a la prisión de Lledoners no debe ser casualidad. Alguien quizás pensó que en plena votación del Europarlamento, o algún día antes, ese movimiento hubiera tenido consecuencias negativas para los intereses españoles. Montesquieu ha muerto, sentenció el otrora todo poderoso vicepresidente Alfonso Guerra en el año 1985, cuando, aprovechando la aplastante mayoría socialista, procedió a modificar los nombramientos del Poder Judicial. Y, ciertamente, tenía razón, por más que este martes Miquel Iceta haya señalado, como ministro, que hay separación de poderes en España y haya desvinculado al Ejecutivo del suplicatorio y el tercer grado.

Basta de farsa, por favor. Seamos todos un poco más serios. Los represores y los reprimidos.