Una sentencia del juzgado mercantil número 2 de Barcelona hecha pública esta semana desembocaba en una situación cuando menos preocupante: Celsa, la compañía siderúrgica catalana creada por la familia Rubiralta en 1967  pasaba a ser propiedad de los fondos de inversión acreedores que controlan el 90% de deuda, que asciende a unos 4.000 millones de euros. No estamos hablando de una empresa cualquiera ya que factura alrededor de 6.000 millones, tiene cerca de 12.000 trabajadores en todo el mundo y es la cuarta empresa catalana por volumen de ventas.

Siempre es bueno releer al historiador económico Francesc Cabana, una fuente de sabiduría y conocimiento de quien, entre otras muchas publicaciones, destacan los seis volúmenes de la Història econòmica de la Catalunya contemporània. Cabana sostiene que la gran empresa es, seguramente, el gran fracaso de la economía catalana, que no ha podido retener el control de muchas de sus marcas más significativas y que han cambiado de manos como fichas del Monopoly hacia fondos de inversiones y grandes multinacionales. Su cuñado, el president Jordi Pujol, fue por edad, experiencia y formación el último president industrialista de Catalunya. De hecho, en su época había una conselleria de Indústria y Energía en su primer gobierno, en 1980, y ahora  es una dirección general dentro de la conselleria de Empresa i Treball. Los nombres y las estructuras de gobierno también tienen su razón de ser.

No es de ahora que la industria catalana pierde peso y por eso se impulsó el Pacte Nacional per la Indústria. Si echamos un poco la vista atrás, en el año 2000 representaba el 26,9% de la economía catalana y actualmente su peso es del 18% del PIB, aproximadamente. En estas dos décadas largas se ha pasado de unas 48.000 empresas en el sector industrial a alrededor de 35.000 y se han perdido unos 250.000 puestos de trabajo; actualmente, el sector proporciona alrededor de 450.000 empleos. Como la economía no solo son cifras, es importante retener el fuerte componente familiar del sector industrial y su arraigo. Con todos los matices que se quiera, es irrefutable que una empresa de esta dimensión contribuye a vertebrar el país tanto social como económicamente.

Y, pese a todo ello y la importancia que tiene la situación de Celsa, llevamos infinitamente más tiempo hablando de Telefónica y la compra de un importante paquete de casi el 10% por Arabia Saudí que, sin duda, es muy importante y tiene mucho más glamur. Pero para la economía catalana y la industria catalana el futuro de Celsa no es cualquier cosa y mucho menos un tema menor. La decisión del juzgado mercantil pone una serie de salvaguardas como son la autorización de la operación por parte del gobierno español por estar sometida al control de inversiones extranjeras del ministerio de Industria -ellos si han mantenido el rango de un ministerio-.

Supongo que la Generalitat ya estará haciendo lo posible para evitar los enormes destrozos que se pueden acabar haciendo si no se controla bien todo el proceso judicial y usando la fuerza política de la que disponga para influir en el Ministerio en las cosas que son más importantes: que se mantengan los puestos de trabajo, que la sede se mantenga en Catalunya, que se mantenga el plan de inversiones y que la compañía no se trocee. Todo ello es muy importante por la posición estratégica de la empresa. Habrá que estar muy atentos de que no suceda como en otras ocasiones y, por el camino, Catalunya vuelva a salir perdiendo.