Las hemerotecas siguen siendo un auténtico pozo de ciencia. Allí están los errores cometidos, pero también las lecciones que se deberían aprender para no volverlos a cometer. Parece mentira lo olvidadizo que es el político que una y otra vez toma el camino equivocado pensando que con él será diferente, que doblará la decisión del estado español porque responden sus whatsapps y tiene una cierta interlocución. Pero la historia es tozuda, molestamente terca y recalcitrante. Fue un 6 de mayo de 2006 que el entonces presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, con su afilado y despreciativo lenguaje hacia todo lo catalán, sentenciaba: "Nos hemos cepillado el Estatut". Y agregaba, sin inmutarse: "El proyecto que llegó del Parlament [con el 80% de los votos de la Cámara] era realmente infumable".

Habría que esperar hasta 2010 para tener nuevas noticias, que llegarían a través de la imagen de diversos magistrados del Tribunal Constitucional —Ramon Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes y Guillermo Jiménez— puro en ristre en la plaza de la Maestranza de Sevilla. Allí, detrás de un burladero, los toros desbrozaron lo que los largos e intensos debates de la calle Doménico Scarlatti, en Madrid, no habían conseguido y se fraguó la humillante sentencia del TC que dio paso a la oleada de protestas y la primera gran expresión de desafección del catalanismo. Transformar España, que, en paralelo al de conseguir la plenitud de Catalunya, había sido el proclamado objetivo de este movimiento durante muchas décadas, dejó de ser un propósito. Y de allí se pasó al concierto económico, el estado propio y, más tarde, la reivindicación de una República catalana. Es un sucinto guión, más con brocha que con pincel, pero imprescindible para entender por qué el Estado, o sea, el Supremo, la Fiscalía y el deep state han hecho trizas la reforma del Código Penal acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana.

Sentenció Jordi Pujol cuando Pasqual Maragall puso en marcha la reforma del Estatut que había riesgos de que acabara siendo un "tret al peu" o un autogol, por utilizar otra expresión. Las razones eran muy sencillas: lejos de mejorar y ampliar las competencias, se podían poner en riesgo algunas de las ya existentes, amén de abrir un farragoso debate en el cual el catalanismo quedaría embarrancado por la apisonadora que siempre acaba siendo Madrid. La voluntad de los ponentes que trabajaron el nuevo Estatut era buena pero el resultado fue horrorosamente malo. No hay, en el fondo, mucha diferencia con la reforma del Código Penal y la supresión del delito de sedición, la modificación de la malversación y la aparición de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Ha sido una envolvente de dimensiones cósmicas.

Claro que ha habido un golpe de estado de la judicatura española, si se puede decir así, utilizando la expresión de Esquerra Republicana, pero eso ya era previsible. Todo Madrid lo sabía. El gobierno español lo sabía. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, lo sabían. El PNV lo sabía y lo había advertido. Todos los diarios de Madrid lo sabían. Todos los empresarios del Ibex también lo sabían. Era una reforma muerta, al menos, en lo que respecta al amplio paquete relacionado con la carpeta judicial del 1 de Octubre. No puede ser que los únicos que no lo supieran fueran los catalanes. ¿En qué momento se ha olvidado lo que hizo el Tribunal Supremo con los condenados del procés? ¿O las diferentes órdenes de extradición de los exiliados del juez Pablo Llarena? Porque también había un Código Penal, que se retorció lo que hizo falta, para encajar todo lo que se estaba haciendo.

Ahora hay uno nuevo y estamos viendo cómo se le da la vuelta al calcetín como si nada hubieran hecho los legisladores. Que puede acabar en un autogol. Los primeros efectos ya los estamos notando. ¡Y de qué manera! Nada cambia para los presos, contra los que la Fiscalía pide una inhabilitación similar en un juego de manos en el que se sustituye el delito de sedición por el nuevo de desórdenes públicos agravados. Por lo que respecta a la malversación, la instrucción del fiscal general del Estado deja poco margen al ordenar que se acuse de malversación grave aunque no haya enriquecimiento personal. Si el Supremo está en la misma longitud de onda, y nada hace pensar lo contrario, se mantendrán los 13 años de inhabilitación de Junqueras y los 12 de Turull, Romeva y Bassa. Beneficiándose mínimamente Forcadell (9), Forn y Rull (8) y los Jordis, Sànchez y Cuixart, con cinco. En el caso de Junqueras y Turull, les dos máximos líderes de ERC y Junts, les bloquearía un retorno rápido a una candidatura electoral.

De todas maneras, la bomba expansiva del decreto de unificación de criterios tras la modificación del Código Penal es bastante más letal que una primera lectura respecto a los presos. Afectaría a la situación de los dirigentes republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, que tenían un escenario con la reforma del delito de malversación en el nuevo Código Penal y otro muy diferente con la instrucción del fiscal general del Estado. La contundente posición de la Fiscalía, tan inconsistente como esperable, desbarata, sin duda, planes políticos. Pero el PSOE después de sacar adelante la reforma ha dejado a sus socios al albur de las decisiones judiciales, insistiendo en que no se despenalizaba el 1 de Octubre y que su objetivo era extraditar al president Puigdemont. Y Pedro Sánchez ha salido corriendo, como una liebre, a predicar esta buena nueva por las Españas. Que sea creíble es ya otra cosa. Pero el problema ya no lo tiene él. Vamos, como siempre.