La persistencia de la CUP en el veto a los presupuestos del Govern con demandas imposibles ha propiciado de rebote que los comunes entraran este mismo miércoles en juego para rescatar las cuentas públicas de la Generalitat. Con el reloj contando hacia atrás ya que el lunes se celebrará en el Parlament el pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad, el Govern necesita un puñado de votos para que los presupuestos no sean devueltos y se facilite su tramitación parlamentaria. En Comú Podem, con ocho diputados, uno menos que la CUP, puede aritméticamente jugar el papel que tenía la formación indepenentista anticapitalista. Otra cosa es que políticamente hablando todo el mundo sabe que no es exactamente igual sacar las cuentas públicas adelante con una o con otra formación.

La CUP ha estirado tanto el brazo con propuestas inasumibles para el Ejecutivo como son renunciar definitivamente a los Juegos Olímpicos de invierno de la candidatura Pirineos-Barcelona, obviando incluso el compromiso de celebrar una consulta en el Pirineo; retirada completa del proyecto de Hard Rock en la ampliación de Port Aventura, en las comarcas de Tarragona; oposición a la ampliación del aeropuerto y del puerto, también de cualquier proyecto que suponga crecimiento de pasajeros; paralización de la renovación del contrato de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló; y subida del IRPF a las rentas situadas entre 60.000 y 90.000 euros. Todo eso como parte de un amplio paquete destinado, obviamente, a hacer embarrancar las negociaciones ya que conocen perfectamente que no hay margen para una demanda que, en la práctica, supondría cambiar como un calcetín por la vía de enmiendas los presupuestos presentados.

Es evidente, a la vista está, que el acuerdo que cerraron la CUP y ERC para la investidura de Pere Aragonès no estaba lo suficientemente claro como para que todo no saltara por los aires a los pocos meses, como está ocurriendo. Porque, en el fondo, es esto. La mayoría de la investidura se ha roto y no se sabe muy bien, superados los presupuestos, dónde va a residir la mayoría parlamentaria que garantice una mínima estabilidad a la legislatura. También tiene una consecuencia práctica: el compromiso de Aragonès de someterse a una moción de confianza a media legislatura se extingue al romper la CUP los pactos que permitieron la investidura.

Quizás, la única buena noticia de todo ello es que las probabilidades de que haya presupuestos siguen siendo altas ya que los comunes están dispuestos, al menos aparentemente, a cerrar una negociación que parece más fácil para el Govern que las exigencias de la CUP. Está además el precedente del acuerdo alcanzado en 2020. Ha quedado fuera, por ahora, el PSC, que ha jugado con astucia sus cartas y a quien nadie le podrá negar su disposición a hablar de los presupuestos, muy lejos de aquella actitud arisca y conflictiva de Ciudadanos en la anterior legislatura, que en su condición de ganador de las elecciones apostó por una oposición frontal y radical a todo.

Los socialistas, en cambio, utilizan guante de seda y Salvador Illa mantiene la mano tendida pese a las negativas continuas del Govern. En cualquier caso -así lo señalé muy al principio de todo- el socio era la CUP y solo si la formación anticapitalista renunciaba a este papel, la prioridad tenía que ser sacar los presupuestos adelante con otro partido. El error de la CUP no podía cargarse ni sobre las espaldas de la mayoría de los ciudadanos que quieren que salgan adelante, ni tampoco sobre el conjunto del movimiento independentista, sorprendido, una vez más, de que siempre se acabe en la casilla de salida.