Por enésima vez, el gobierno español ha aprobado el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral legal de las 40 horas actuales a 37,5 horas de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual. Lo ha hecho sin haber alcanzado previamente ningún acuerdo con los grupos parlamentarios y haberse garantizado, así, una cómoda tramitación y su consiguiente aprobación. En este caso, quiere sacar adelante una iniciativa con la que cuesta mucho estar individualmente en contra, ya que no deja de ser un avance importante en las condiciones del trabajador: la reducción de la jornada laboral. Esa circunstancia ya elimina un primer debate: ¿acaso no es un avance social la reducción de la jornada laboral?

El anteproyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT y CCOO el pasado 20 de diciembre. El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado hacer a la dirigente de Sumar, esperando, seguramente, que sean otros los que hagan el trabajo sucio y salir así inmaculado de la refriega que pueda haber. Es evidente que no hay color respecto al bando en que se ha de estar como partido de izquierdas. Sobre todo, con la complicada aritmética española. Lo cierto es que las 40 horas se aprobaron en 1983, a los pocos meses de llegar Felipe González a la Moncloa, y hasta que la dirigente de Sumar ha dado este paso, ningún ministro del PSOE lo había hecho.

Pedro Sánchez ha dejado hacer a Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada, esperando que sean otros los que hagan el trabajo sucio

Decía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la inauguración de las Jornadas Confederales de Acción Sindical, junto a Pedro Sánchez, en enero de 2023, que España había conseguido ser un referente europeo y mundial en materia de Diálogo Social, lo que consideraba una herramienta fundamental para estructurar la sociedad, hecha de consensos y rupturas para ganar derechos y consolidarlos. Agregaba que la sociedad española, de manera conjunta con los sindicatos y con la patronal, creía en el diálogo social como palanca de transformación del país. Lo suscribo todo, de la primera a la última palabra, y comparto la valoración positiva en aquella fecha de los 13 acuerdos alcanzados en los tres años anteriores mediante la concertación social para salir de la crisis provocada por la pandemia.

Si ese es el mejor camino, ¿por qué tomar un atajo y hacer un acuerdo entre una parte de los responsables de la concertación social y no de todos ellos? El gobierno español, como máximo responsable, debe propiciar y trabajar por un acuerdo. Es mucho más difícil que una foto, ciertamente, pero es su obligación. Y si renuncia a ello por las razones que sea, el testigo debe ser recogido por aquellos que, en última instancia, complementarán en el Congreso de los Diputados los votos necesarios. Debe primar la concertación, ya que no puede hacerse manu militari, por más tentaciones que haya. Así también se evitaría que en el futuro se intente corregir la decisión, ya que el acuerdo sería lo suficientemente amplio para que ello no fuese posible. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Pues toca seguir insistiendo hasta que suceda. Teniendo en cuenta, además, que no es la misma situación la de las grandes empresas, con convenios acordados, que la de las pymes y las microempresas. Como no son iguales todos los sectores de la economía española. Por tanto, diálogo y diálogo es la receta. Y acuerdos es la única solución.