No recuerdo una etapa reciente de la historia de Catalunya en que el estado español se haya quitado la careta sin complejo alguno y haya decidido, utilizando todos los recursos a su alcance, desarbolar todo lo que son las señas de identidad del país, empezando por la lengua.Tampoco recuerdo una época en que cada día hubiera tantas noticias negativas para Catalunya que tuvieran como sujeto al estado español: desde el espionaje a los dirigentes independentistas hasta la persecución judicial a la cúpula de Salud por las vacunas a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; pasando por el sobreseimiento provisional de los primeros casos de espionaje con Pegasus al expresidente del Parlament Roger Torrent y al ex conseller Ernest Maragall. Como tampoco soy capaz de recordar un ejemplo de maltrato, por utilizar un calificativo suave, a un partido catalán dispuesto a negociar con el gobierno de España su apoyo parlamentario en el Congreso y que el resultado haya sido, al menos hasta la fecha, un fracaso tan absoluto y tan bochornoso.

El último ejemplo conocido este lunes es demoledor, como lo fue el de la pasada semana con la ley del audiovisual. En uno y en otro caso el protagonista y perjudicado ha sido Esquerra Republicana, que no debió medir suficientemente bien el apoyo dado a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 -a cambio de supuestos avances en la mesa de diálogo que nunca se produjeron- y las consecuencias de un incumplimiento por parte de Pedro Sánchez. La semana pasada conocimos que los votos a los presupuestos de 2022 se habían dado a cambio de nada y que el resultado final era una ley centralizadora, de escaso respeto a las lenguas que no son el castellano y que cambiaba la protección a las productoras independientes por el apoyo a los dos conglomerados de televisión en España.

Pero eso no era todo. Este lunes hemos conocido la gravedad de la ejecución de las inversiones previstas en Catalunya para 2021, de las que el estado español solo ha ejecutado un tercio, el 35,8% del compromiso en las cuentas públicas. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, ello se traduce en 739,8 millones de euros de los 2.068 previstos en las cuentas del gobierno español. En términos porcentuales, Catalunya fue la comunidad autónoma más castigada. En el extremo contrario está Madrid, que no es que haya llegado al 100% de la inversión presupuestaria prevista. ¡Es que el Estado ha invertido un 184% de lo presupuestado! Donde tenía que gastar 1.229 millones de euros ha invertido 2.089 millones. Eso, el gobierno más progresista de la historia de España y el adalid de la defensa de las autonomías frente a la derecha de PP y Vox.

Si miramos durante un minuto hacia atrás, veremos que, por ejemplo, desde 2013 a 2020, la ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya ha sido de un 67,1% acumulando un déficit aproximado de 3.070 millones de euros entre inversión presupuestada e inversión finalmente liquidada. Pero es que el 2021, este 67,1% ha bajado hasta el 35,8%. Las cifras aun son mucho mas escandalosas si nos vamos al déficit inversor de las administraciones públicas en infraestructuras en Catalunya y que alcanza los 35.000 millones de euros en 12 años según la patronal Foment del Treball, nada sospechosa de estar cercana a los independentistas.

En otro momento de la historia, la movilización de la sociedad catalana respecto a una discriminación tan demostrable como es la inversión territorializada del Estado movilizaría todos los partidos políticos y los sectores económicos. Igual para nada, pero, al menos, para demostrar que hay algo de resistencia inteligente a la humillación que Catalunya está padeciendo en forma de empobrecimiento deliberado del país que se traduce, necesariamente, en un maltrato a los ciudadanos de Catalunya voten lo que voten. Si cuando Felipe V promulgó en 1716 el decreto de Nueva Planta por el que quedaron abolidas las leyes e instituciones de Catalunya se puso una especial atención en el tema de la supresión de lengua catalana y escribió que se necesitaba algún tiempo para lograr el objetivo ya que los catalanes "son amantes de las cosas de su país, y por eso parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado" ahora parece que, con otro Borbón, Felipe VI, este cuidado ya no hay que tenerlo y bien se podrían reescribir trescientos años después aquellas instrucciones y providencias en "de manera que se consiga el efecto y que se note el cuidado". Sobre todo, que se note.