La decisión del Tribunal Constitucional suspendiendo la celebración del pleno de investidura si Carles Puigdemont no está presente y dispone además de un permiso judicial para asistir supone un atropello jurídico, una arbitrariedad legal, una tropelía política y un nuevo acto tendente a imponer supuestos intereses del Estado español por encima de la ley. El TC no se pronuncia formalmente sobre la petición del gobierno español y en cambio va mucho más allá atribuyéndose competencias del Parlament y de interpretación del Reglamento que nadie le había solicitado. Es evidente que el gobierno español ha hecho un uso fraudulento de la capacidad que tiene de acudir al TC y que este suspenda inmediatamente todo lo que el ejecutivo le pida. Pero eso no es otra cosa que un fraude de la Constitución. Poner la unidad de España por encima de la ley no solo es una torpeza sino que es un escándalo democrático que un día u otro tendrá consecuencias.

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional deja de lado la legalidad vigente y se dedica a hacer política, como si fuera la tercera cámara del legislativo español. Así empezó el actual conflicto entre España y Catalunya, con una sentencia sobre el Estatut d'Autonomia, en julio de 2010, a todas luces abusiva e insultante para los catalanes. No había base jurídica para aquel desatino pero sí había una intención política y esta no era otra que proceder progresivamente al desguace del estado autonómico español. Por eso no se tenía que dejar pasar aquel Estatut. Las tesis recentralizadoras eran claramente ganadoras en España desde principios de este siglo y por eso el TC tragó todo lo que hizo falta en aquella ocasión y ahora ha vuelto a hacer lo mismo con una única máxima: La unidad, primero.

En esta ocasión, la tropelia de los 13 miembros del TC -Carlos Ollero, indispuesto, fue internado al mediodía- no es menor ya que con su decisión orilla tres informes que tenía encima de la mesa. El del Consejo de Estado que por unanimidad era contrario al deseo del Gobierno de suspender el pleno antes de su celebración arguyendo que Carles Puigdemont no podía ser candidato; el de los letrados del Tribunal Constitucional que en un sentido similar consideraban inconsistente la petición de la Moncloa, y el del ponente del Tribunal Constitucional para este asunto, Juan Antonio Xiol Rios, que también era contrario a darle la razón al gobierno.

La decisión del TC no cierra ni la crisis del organismo, ni la utilización política del Alto Tribunal. Tampoco despeja la decisión que va a llevar a cabo ahora la Mesa del Parlament impedido por el TC a convocar el pleno si no se dan las condiciones imposibles de una presencia de Puigdemont que previamente se haya entregado a la justicia y haya sido detenido. Sobre todo porque todo el mundo sabe, después de la descomunal chapuza vivida este sábado, que la decisión adoptada por los magistrados ha sido política y no jurídica.