Se cumplen estos días diez años de la consulta popular por la independencia que se celebró en Arenys de Munt y que, de alguna manera, fue el origen del amplio movimiento ciudadano que implantó votaciones similares en muchos municipios de Catalunya, incluida Barcelona. Arenys fue, en este sentido, la punta de lanza o el embrión, como se prefiera, que permitió vislumbrar un camino, hasta aquella fecha no desarrollado, para sacudir las estructuras del país y caminar con paso firme y decidido hacia la independencia de Catalunya. Nadie se imaginaba en aquel momento el empuje que iba a tener aquella iniciativa, ni tampoco cómo la acogerían los partidos, siempre pendientes de no ser desbordados por una ciudadanía cada vez más exigente y, por aquellas fechas, aún pendiente de la sentencia del Estatut, aunque ya pintaban bastos sobre qué acabaría haciendo el Tribunal Constitucional.

Aquel primer ensayo, oficioso, no vinculante y consentido ya demostró que había terreno para correr ya que votaron un 41% de los ciudadanos, una cifra respetable por el porcentaje de personas que suelen involucrarse en este tipo de consultas, y el 96% se mostraron favorables a apoyar la independencia. Hoy, con el camino recorrido, puede considerarse incluso como una cosa folklórica la iniciativa del municipio de Arenys de Munt. Pero sería un error hacer esta valoración ya que todos los pasos dados, igual que la consulta no referendaria del 9 de noviembre de 2014 impulsada por el president Mas, acabaron desembocando en el estallido popular del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat y, como consecuencia del cual hay miembros de aquel Ejecutivo, además de líderes de las entidades soberanistas, en el exilio y en la prisión.

Mucho ha cambiado el país desde aquel septiembre de 2009 en que era president de la Generalitat José Montilla. Pocos se hubieran imaginado que, diez años después, el camino transitado fuera el que se ha hecho. Mucho menos se podía pensar en la encrucijada del momento actual, en que convergen la vigencia de la represión y una amenaza latente, de manera permanente, hacia cualquier movimiento político al margen de la Constitución con unos discursos que persiguen no perder las posiciones alcanzadas el 1 de octubre.

El president Torra apeló este viernes desde Arenys a no prostituir más las palabras y repitió que el objetivo era la independencia. Sus palabras resonaron con fuerza, aunque los hechos de su Govern, ciertamente, tienden a matizar siempre sus declaraciones públicas. Sobre Torra pesa también una petición de inhabilitación por no retirar a tiempo una pancarta del palau de la Generalitat, que juzgará el TSJC después de la Mercè, lo que le convierte en el primer president de la Generalitat que es juzgado por razones políticas en pleno ejercicio de su cargo. Las informaciones que llegan, además, son que la justicia está dispuesta a poner la directa en esta vista y que, inmediatamente después del fallo del TSJC, el Supremo, con celeridad, podría llevar a cabo una inhabilitación exprés del president durante el primer trimestre del año próximo.

Arenys fue el inicio del tsunami democrático y un ejemplo de cómo la ciudadanía organizada acaba desbordando las expectativas. Y sorprendiendo.