La crisis política y diplomática entre España y Francia por el tema catalán y el pronunciamiento de 41 senadores galos a favor del procés y en defensa de los presos políticos catalanes, lejos de enfriarse va a más. Y ahora se añade una crisis con el poder judicial español al haber terciado en el debate un airado Tribunal Supremo. Como no podía ser de otra manera, el nada diplomático ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha conseguido que lo que era un documento de 41 senadores franceses hecho público el domingo sea, 72 horas después, un conflicto entre ambos países con senadores galos denunciando presiones de las autoridades españolas para que retiraran la firma del manifiesto, denuncias públicas a Manuel Valls por inmiscuir su mitad francesa en el contencioso, un pronunciamiento público del gobierno francés atendiendo las quejas de la Moncloa y, como colofón de la jornada, el candidato del Partido Socialista en las presidenciales de 2017, Benoît Hamon, expresando su voluntad de que quiere visitar a los nueve presos y presas políticas en Soto del Real y Alcalá Meco, cosa que hará el próximo lunes.

No deja de producir una cierta risa la permanente torpeza diplomática española con el procés catalán. Siempre tropezando en la misma piedra con portes autoritarios y desprovistos de aliados que no sean los que otorga ser miembro del club de los países de la UE, o los que son inherentes a un Estado, como son las fuerzas de seguridad o la justicia. Sin duda, muchos, como se ha visto, cuando la batalla se juega dentro de las fronteras peninsulares pero insuficientes cuando el pulso se plantea en un territorio mucho más amplio, las opiniones son mucho más libres y la defensa de los derechos fundamentales es muy importante.

El insólito comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dirigido al presidente del Senado francés, Gérard Larcher, y la queja oficial realizada va en esta dirección. Lesmes es la tercera autoridad del Estado español y debería saber que es inapropiada una misiva como la enviada. No le hace ningún bien a España esta defensa cerrada, unitaria y corporativa de una situación que, obviamente, claro que puede ser enjuiciada por parlamentarios de otros países. Considerar inadmisible el pronunciamiento de los senadores franceses y lo que allí afirman tiene al menos un punto de prepotencia, de quien se siente en posesión de la verdad y en contra de que nadie se la discuta.

No es la primera vez que se da por parte de la justicia española y del Tribunal Supremo una reacción tan airada. Ahora se cumple un año de la detención del president en el exilio Carles Puigdemont por parte de las autoridades alemanas. La manera como se resolvió aquella petición de extradición española y el pronunciamiento del tribunal de Schleswig-Holstein dejándole en libertad, descartando el delito de rebelión y cuestionando incluso el de malversación, recibió una respuesta igualmente colérica del TS y del gobierno de la época, que encabezaba Mariano Rajoy. Y es que en Europa suceden cosas que a las autoridades españolas no les gustan; y no tienen más remedio que aguantarse.