La decisión del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de mantener imputados al president Carles Puigdemont y a Marta Rovira, por delitos relacionados con terrorismo en relación con los actos sucedidos en octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, en el denominado caso de Tsunami Democràtic, alejándose incluso de la posición de la Fiscalía, no hace otra cosa que demostrar que la intención de la judicatura española es interrumpir por la vía de los hechos los acuerdos políticos que desembocan en la ley de amnistía, en trámite legislativo. García-Castellón envía la imputación al Tribunal Supremo, se ratifica en los indicios de terrorismo que dice haber encontrado y señala que tiene más, en un planteamiento judicial con mucha imaginación y técnicamente indefendible. A la vez que la justificación de su enconamiento aparece, hoy por hoy, alejada de cualquier elemento tangible.

La cruzada de García-Castellón tiene también mucho que ver con la de un magistrado en el ocaso de su carrera, ya que la fecha definitiva de su jubilación será el próximo octubre, mes en que cumplirá 72 años y se le agotará la prórroga solicitada para seguir ejerciendo. El hecho de que el combate del juez se incardine con los debates de la amnistía no es, lógicamente, fruto de la casualidad. Igual que tiene fama de ser poco punzante en las causas que afectan al PP, su empeño contra los independentistas engarza con la posición mayoritaria de la magistratura, tan contraria a la amnistía. La causa de Tsunami en el fondo no es otra cosa, por más empaque que se le quiera dar o por más indicios que se quieran hacer aflorar. No hubo terrorismo, el muerto en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat lo fue tan solo por causas naturales y ni Puigdemont ni Rovira estarían en el sumario si no se quisiera mantener viva la persecución al independentismo catalán.

Ni Puigdemont ni Rovira estarían en el sumario del Tsunami si no se quisiera mantener viva la persecución al independentismo

De ahí, la importancia de que la ley de amnistía entre en los casos de Tsunami y de los CDR, algo que el PSOE no acepta por ahora argumentando que no pueden quedar bajo el paraguas de la ley de la amnistía las causas de terrorismo. Es un argumento falaz, como cuando se hablaba de golpe de estado y rebelión al inicio del procés, y ante el bochornoso ridículo que la justicia española hubiera acabado haciendo, se reconvirtieron en sedición —un delito, por otra parte, que hoy ya no existe en el Código Penal—. Dejar fuera de la amnistía a Tsunami y los CDR es caer en la trampa que la judicatura española ha trenzado para poder seguir tirando el lazo con el que cazar independentistas cada vez que le plazca.

El toque de García-Castellón a la Fiscalía, en que lamenta tener que insistirle sobre los "contundentes indicios de terrorismo" de Tsunami y CDR, al tiempo que le recuerda al fiscal "que su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" es un punto hilarante. Después, la judicatura se irrita y se revuelve como gato panza arriba cuando se habla de lawfare. Pero el hecho de que la persecución sea tan descarnada y carezca de una base sólida en la que pueda sustentarse, hace muy difícil negar que esté mal utilizada la imputación de casos de lawfare a la justicia española.