Hace ya tiempo que Ciudadanos dejó de tener relevancia en la política catalana y varios han sido los motivos para caer en el ostracismo actual después de conseguir, en diciembre de 2017, ser la primera fuerza política en los comicios al Parlament: desde la huida masiva de sus dirigentes a Madrid hasta la incapacidad para liderar un discurso desde el unionismo que diera una mínima esperanza de victoria y no una permanencia sine die del conflicto entre Catalunya y España. Se puede ser unionista pero no es necesario pedir a la fiscalía que revise el permiso de 48 horas a los Jordis después de 47 meses de prisión, una injusta y cruel condena y, sobre todo, cuando ya han cumplido el 25% de la condena para solicitar reglamentariamente la primera salida. Eso no es hacer política, eso es actuar con sed de venganza, algo muy alejado de la sociedad catalana.
Los resultados de las elecciones españolas del 10-N ya evidenciaron el declive de la formación naranja y sus dirigentes no entendieron el aviso. Inés Arrimadas sigue con la misma política de Albert Rivera y las últimas encuestas, como la del CIS, no hacen sino acentuar el retroceso y situarlos como una opción residual, mientras sus cientos de miles de electores parecen aterrizar en Vox, PSC y, en menor medida, en el PP en un interesante realineamiento del unionismo.
El último incidente de Ciudadanos tiene que ver con la queja presentada ante la Mesa del Parlament por el Consell de Personal del Parlament, que ha denunciado coacciones del grupo naranja. El personal de la Cámara legislativa asegura que quieren incidir en su objetividad, profesionalidad, integridad, neutralidad, responsabilidad e imparcialidad. No son acusaciones banales ni habituales por parte de los funcionarios públicos. Esperemos que la Mesa el Parlament actúe en consecuencia ya que los tiempos del matonismo han pasado.