Hay ocasiones en que parece que al Estado español no le importa sonrojarse y pasar por encima de cualquier obstáculo para conseguir sus objetivos. Este martes hemos vivido varios episodios que, puestos uno al lado del otro, acaban afectando a derechos fundamentales de los presos políticos, el legítimo derecho de defensa procesal, la vulneración de la igualdad de oportunidades en un debate electoral y la intervención del gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio del Interior entrando directamente a rematar utilizando de forma peregrina los horarios dentro de la prisión y la afectación que podía suponer para su normal funcionamiento. ¿Acaso se ha tenido en cuenta, por ejemplo, cómo afectaban al normal funcionamiento de un centro penitenciario las maratonianas sesiones del principio del juicio en el Tribunal Supremo en que los presos se levantaban a las cinco de la mañana y llegaban cuando todos los reclusos estaban en sus celdas y no podían ni cenar?

Tanto en el juicio en el Tribunal Supremo como con la privación de los derechos de presos y exiliados el Estado ha decidido poner una marcha más. El juez Manuel Marchena, que ya lleva unos cuantos días con un humor y un tono bastante distintos al de las primeras sesiones, tuvo varios encontronazos con diferentes testigos. Chocó progresivamente con Ramon Font, portavoz de Escoles Obertes; la filósofa y ensayista Marina Garcés, el abogado Lluís Matamala y el concejal de Sant Joan de Vilatorrada  y payaso de profesión Jordi Pesarrodona. También se las tuvo con el abogado Benet Salellas, en un momento en que el letrado de la defensa de Cuixart inquiría sobre el diferente trato que estaba proporcionando el tribunal a los testigos de la defensa a la hora de explicarse sin cortapisas, a diferencia de la benevolencia que tuvo con los testigos de la policía española y la Guardia Civil. Marchena zanjó una simple respuesta de Salellas diciendo que "no había más preguntas" con un abrupto "mucho mejor". El profesor Joan Queralt, siempre al quite de cualquier incidente que sucede en el juicio, no pudo ser más claro y contundente: "Por algo similar el TEDH -Tribunal Europeo de Derechos Humanos- anuló la condena contra Otegi".

Mientras eso pasaba en el Supremo, donde los jueces incluso se explayan sintiéndose ofendidos porque las defensas defienden como mejor les parece a sus patrocinados, la Junta Electoral Central y el gobierno de Pedro Sánchez hacían de las suyas impidiendo la participación primero de Oriol Junqueras en el debate en TV3 de los cabezas de lista al Parlamento Europeo y más tarde de Toni Comín y Clara Ponsatí por no estar físicamente presentes en los estudios. Solo faltaba añadir, para ser detenidos. La vulneración de los derechos de los aspirantes es tan flagrante e injusta por parte de la administración que el debate no hubiera tenido que celebrarse. Sobre todo porque en el caso de Junqueras no ha participado porque a Instituciones Penitenciarias no le ha dado la real gana.

Si Mariano Rajoy hizo fortuna a raíz de un titular de diario que hablaba de la lluvia de millones a Catalunya que nunca llegaron, Pedro Sánchez no le anda a la zaga con el aluvión de guiños a los independentistas. Tanto es así que a Iceta se le va poniendo cara de frustado aspirante a presidente del Senado si no cambian mucho las cosas.