Cuando faltan algo más de 48 horas para que se celebre el pleno del Parlament para investir a Carles Puigdemont, convocado la pasada semana por el president del Parlament, Roger Torrent, se desconoce aún cuál va a ser su desenlace y la posición de la Mesa de la Cámara catalana, una vez el Tribunal Constitucional ha avisado que no debe celebrarse en ausencia del candidato. Un TC que, además, también ha vetado una aparición suya por sorpresa si no es con autorización judicial.
Los diputados de la CUP ya han dicho que estarán presentes en este pleno para investir a Puigdemont y los de Junts per Catalunya igual. Son movimientos lógicos ante una sesión parlamentaria trascendental no solo por lo que tiene de por sí una sesión de investidura normal, sino porque el gobierno ha conseguido que el TC haga de guardián de una situación política que al ejecutivo español se le ha ido de las manos. El hecho de que el Alto tribunal salga en auxilio del Ejecutivo complica aún más la situación cuando, en todo caso, debería ser lo contrario.
En última instancia el TC abandona su papel de garante de la Constitución para intervenir de cuajo en funciones que no le son propias, ya que afectan al reglamento de la Cámara y la situación de los diputados. El papel de la Mesa del Parlament ante la sesión parlamentaria del martes se mueve, por tanto, entre el acatamiento del Tribunal Constitucional una vez este ha retorcido al máximo la legalidad y la desobediencia. Con un añadido: el TC contribuye a alterar el resultado de la mayoría ganadora de las elecciones al Parlament del pasado 21 de diciembre.
Todo ello habrá de dilucidarse en las horas que restan hasta la sesión de investidura. Desde el primer momento he defendido que la investidura de Puigdemont era la mejor opción y la que respetaba el resultado electoral. Las trabas que han habido intentan hacer imposible esta investidura mediante hechos de una enorme gravedad e impensables en cualquier otro país de nuestro entorno. ¿Se puede ceder, por tanto, como si tal cosa en las actuales condiciones de humillación manifiesta o solo hay margen para resistir? A esta pregunta deberán responder en muy pocas horas los 70 diputados de la mayoría independentista.