Veremos si es el final del pulso sobre la continuidad de Margarita Robles al frente del ministerio de Defensa o no, pero la titular del ramo parece haber ganado a todos los que exigían a Pedro Sánchez su dimisión. Después de diez días en el ojo de huracán, el presidente del Gobierno ha salido a darle su apoyo y con él un número indeterminado de ministros. La ministra más popular en el Gabinete y la mejor valorada gana, mantiene el cargo, después de explicar a los españoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados, con una claridad meridiana, que obviamente se había espiado a los independentistas de una manera masiva ya que había un pulso al Estado. Unas declaraciones inaceptables en un país de nuestro entorno pero perfectamente homologables al discurso político y mediático imperante en Madrid, como se ha visto en algunas otras intervenciones en las Cortes estos días.
Robles, que la víspera había abandonado el Congreso atribulada, con un cierto cabreo de los suyos porque confrontó con pasión argumentos que forman parte solo de la esfera privada, y entre rumores de todo tipo por los siempre complicados números de una legislatura inestable, era este jueves una ministra de nuevo risueña y poderosa. El manto protector del deep state seguramente había dejado su huella allí donde era necesario y aclarado, a los que tenían alguna duda, que a una pata negra del Estado no se la despacha por decir lo que mucha gente espera oír y, sobre todo, ha esperado que se haga. Cobran actualidad y la hemeroteca es en eso siempre un filón permanente, las palabras de Felipe VI en aquel discurso televisado del 3 de octubre de 2017 en que, saliéndose de su papel constitucional, arremetió contra el independentismo catalán.
Aquella noche, airado y con los puños cerrados, afirmó en un momento dado y después de acusar a las autoridades legítimas de Catalunya de haberse apropiado de sus instituciones de autogobierno: "Por todo ello y ante la situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones". Asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, acabar como fuera con el camino emprendido por el independentismo catalán. Robles, con otras palabras, bebía este miércoles en el Congreso de la misma fuente: "Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos...".
Dos discursos que se parecen como una gota de agua y que, no sirve de nada engañarse, gobierne quien gobierne, acaban siendo el tronco principal de la política española. Al independentismo político con asientos en las Cortes le queda la comisión de secretos oficiales que se reunirá con presencia de miembros de ERC, Junts, Bildu y la CUP y que, como es de prever, no aportará luz alguna al espionaje ilegal masivo practicado por el Estado español. Ya sea el CNI, algún otro cuerpo de seguridad o las denominadas cloacas, que habrá que decir en algún momento que es un canal más de información para el Estado aunque sea menos exhibible y homologable que los demás.
Perdida la batalla, al menos por ahora, de los ceses exigidos -aquí PNV y Bildu apoyando al Gobierno en el decreto de medidas económicas por la guerra de Ucrania han dado indirectamente un balón de oxígeno a Sánchez y la crisis del CatalanGate no se le ha abierto en canal- veremos si el nuevo asalto que ahora vendrá, el de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, será o no una realidad. Es importante que se constituya ya que es la única manera de tener una información que el Gobierno, si no, no va a dar. El otro camino es el de la denuncia en las instituciones y, sobre todo, en la justicia europea, que siempre acaba ofreciendo un horizonte al que en España es imposible acceder.