La proposición de ley de amnistía presentada este lunes en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, y que cuenta con el aval de todas las formaciones que harán posible la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves, es, sin discusión alguna, una victoria política del independentismo. Solo hace falta remontarse a unos meses atrás para comprobar cómo lo imposible ha pasado a ser posible: así, se amnistían todos los hechos incluidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 —el día de entrada en el registro de la cámara baja— en el marco de la consulta del 9-N y del referéndum de independencia del 1-O. Ello engloba desde la presidencia de la Generalitat del momento, ocupada por Carles Puigdemont, al resto de líderes del procés encausados por los actos vinculados a su organización y celebración. Igualmente, también están incluidos todos aquellos que hayan participado en los actos preparatorios, las acciones de protesta para defenderlos o para oponerse al procesamiento y condena de sus responsables así como la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables.

Una de las piedras angulares de la legislatura española que acaba de arrancar, acaba dando la vuelta a la situación judicial iniciada con el procés y deja en papel mojado, al menos legislativamente hablando, todos los trapicheos hechos por los diferentes órganos judiciales españoles. Es de especial irritación para las diferentes derechas españolas el párrafo siguiente: "Quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". Párrafo que se remacha con otro igual de taxativo para evitar obstrucciones legales: "En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares que hubieran sido adoptadas incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones". Una manera, en teoría, de maniatar al Tribunal Supremo y restringir su margen de maniobra. Como en esta vida hay que pecar de todo menos de ingenuo, la ley iniciará en poco tiempo una tramitación llena de aristas, pues tropezará con todo tipo de trabas legislativas, políticas y judiciales. Eso por no hablar del desenfreno con que se está utilizando imprudentemente la calle para intimidar y tratar de alterar mayorías democráticas.

Quizás fue la sentencia del Supremo contra los líderes del 1-O lo que violentó la justicia y no la futura amnistía

Mucho me temo que estamos lejos de la aplicación real de la ley, ya que la tramitación en el Congreso no será por la vía de urgencia, para que puedan presentarse enmiendas; la del Senado aún será más complicada, porque el PP tiene mayoría en la cámara alta y ha anunciado en voz muy alta que va a obstruir al máximo su tramitación pidiendo informes, incluso, al Consejo General del Poder Judicial. Superado este segundo obstáculo legislativo, la ley volvería al Congreso para su aprobación final. Será entonces cuando se abrirá el turno de los jueces y aunque el texto subraya que la amnistía se tendrá que aplicar con carácter "preferente y urgente" y que "las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". Habrá que ver cómo se sustancia todo ello. Un periodo entre seis meses y un año no parece exagerado, habiendo visto el grado de inflamación política que se ha producido.

Buen ejemplo del clima de guerracivilismo que trata de imprimir la derecha a la situación actual es que no pasan horas sin pronunciamiento alguno en contra de los acuerdos de Sánchez con los independentistas. En la hoja de este lunes están la CEOE o el Tribunal Supremo, que ha tachado de barbaridad la amnistía y asegurado que supone acabar con la justicia, algo que no deja de ser una paradoja si se releen las sentencias de la sala tercera del Supremo contra los líderes del procés. Porque, a lo mejor, lo que violentó la justicia fue aquella sentencia y no la futura amnistía. El hecho de que el derrotado con la ley de amnistía sea todo aquel bloque del 155, incluidos los reconvertidos socialistas que han tenido que hacer de la necesidad virtud, no debe ser óbice para reiterar que la ley tiene algunas lagunas: la del lawfare, la más evidente, donde la batalla se ha dado tarde, mal y sin convencimiento.