Con la pompa de cada año y la caspa de este tipo de reuniones, se ha celebrado este lunes la apertura del año judicial con presencia de las principales autoridades del Estado, empezando por Felipe VI y todo un desfile de miembros de la judicatura con su mandato cumplido desde hace dos años que ahí siguen, como es el caso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, varios miembros del Constitucional o el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. Si algún día se hace un inventario del bloqueo a que someten los partidos los órganos judiciales en España por interés propio y el dossier llega a Europa habrá quien entienda desde Bruselas a Ginebra, pasando por Berlín y Londres, el porqué de la politización de la justicia en España.

PP y PSOE tienen cogidos desde el inicio de la transición los nombramientos de los principales cargos, se los van repartiendo y uno y otro son reacios a consensos en esta materia. Ahora le toca al PP, que está políticamente en la oposición pero mantiene un férreo control de la judicatura, convertida en otro órgano de control del Ejecutivo y el Legislativo. Aunque a la hora de la verdad, nos hemos acostumbrado a que sea visto como normal que ellos se peleen por colocar a los suyos y, en el fondo, es una verdadera anomalía. Bien es cierto que uno los oye hablar y en muchas ocasiones las diferencias entre conservadores y progresistas solo tienen que ver con que están afiliados a asociaciones diferentes.

Que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombrada por el PSOE, señale en el balance de 2019 que el juicio a los presos políticos catalanes celebrado en el Tribunal Supremo fue ejemplar y una muestra de normalidad institucional y de aplicación de la legalidad lo podría suscribir un fiscal nombrado por un gobierno del PP. Que sea verdad es otra cosa y que Europa vaya en una dirección contraria a la del Supremo cada vez que analiza en los tribunales un caso de los miembros del Govern en el exilio debe ser fruto del azar o de la casualidad. 

Pero bueno, lo fácil es no salirse del guión, avalar una sentencia que en su día ya enmendará Europa y mantenerse firme haciendo oídos sordos a lo que dicta la justicia de otros estados. Será que es más fácil, que lo es, hablar del procés que del rey emérito, exiliado en los Emiratos Árabes Unidos y del que ya no sabemos nada. El silencio mediático hará que lleguemos a olvidar que se fugó por los casos de corrupción que le perseguían y que investiga la justicia suiza. También la española, aunque de esta casi no sabemos nada. ¡Como van a dejar escaparse el control de la agenda judicia!l