La revelación del president Carles Puigdemont en París de que ha sufrido espionaje político por parte del estado español, y que denunciará esta situación en las próximas semanas con las pruebas correspondientes al Parlamento Europeo, abre un nuevo frente político-jurídico en un curso que va a ser clave para que la justicia europea, fundamentalmente el tribunal radicado en Luxemburgo, el Tribunal General de la Unión Europea, resuelva de una manera definitiva sobre sobre su inmunidad en todo el territorio de la UE, como eurodiputado que es. Ahora está suspendida, aunque los exiliados catalanes tampoco serán detenidos ya que las euroórdenes del Tribunal Supremo tampoco están activas. De hecho, Puigdemont y los otros dos eurodiputados catalanes, Clara Ponsatí y Toni Comín, con causas pendientes con el juez Pablo Llarena, se han movido con absoluta libertad por el sur de Francia durante todo el verano.
Puigdemont ha querido dar el máximo relieve a su denuncia y, así, ha aprovechado el altavoz que supone su encuentro de este viernes con diputados y senadores franceses celebrado en la Asamblea Nacional para comunicárselo directamente a ellos. En las próximas semanas, llevará la denuncia a otros foros europeos similares dentro de una serie de desplazamientos que tiene en marcha para poner en evidencia la actuación delictiva de funcionarios del gobierno español.
Lo que ha hecho público Puigdemont en la capital francesa surge en un momento en que el Europarlamento ya ha expresado su preocupación porque haya estados que vayan más allá de lo permitido a través de programas ilegales para espiar a personas, como el famoso Pegasus que, en principio, solo se vende a gobiernos. El ex presidente del Parlament de Catalunya y hoy conseller d'Empresa, Roger Torrent, ya denunció también que su teléfono había sido espiado en 2019 con el programa Pegasus.
Ahora, el hecho de que el president y eurodiputado de Junts pueda abrir un debate con pruebas reales de espionaje por parte del gobierno español, a través de su policía, para perseguir y atacar la reputación de los disidentes políticos -en el caso que nos ocupa, de los independentistas catalanes- puede acabar derivando en un grave problema para España y su reputación ya mermada por una serie de errores a la hora de reprimir libertades y derechos ante el independentismo catalán.
Al final, vamos a ver en qué medida se puede acabar entendiendo que el espionaje practicado afecta a la integridad del Parlamento Europeo al llevarse a cabo sobre uno de sus miembros. Y tan grave como esto es el hecho de que la onda expansiva del delito de espionaje afecta a terceras personas de otros países al tratarse de violación de correspondencia con destino a líderes europeos.