Son tantas las tropelías que se han llevado a cabo por parte de la judicatura española en el sumario instruido por el Tribunal Supremo a los presos políticos catalanes que se están dejando de lado dos cuestiones capitales. Por un lado, la subasta que se ha abierto a través de las filtraciones de la Fiscalía General del Estado sobre la condena que les puede llegar a solicitar el ministerio público en el escrito de conclusiones que piensa hacer público esta semana y para los que se llegan a barajar penas elevadísimas de hasta 20 años de prisión como si tal cosa. La fiscalía del gobierno de Pedro Sánchez, en la estela trazada por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Ça va de soi para los que esperaban un trazo diferente entre ambos ejecutivos.
Ante el escándalo mayúsculo que se ha desatado, ha tenido que hacer pública una nota asegurando que aún se estaban estudiando las conclusiones y que ya dirá lo que tengan que decir próximamente. Sorprende que a estas alturas se pueda hacer una nota de esta naturaleza después de que a través de medios muy diferentes las informaciones publicadas hayan sido tan coincidentes. Pero tampoco es ninguna novedad: las filtraciones judiciales están desde hace mucho tiempo al orden del día.
Por otro, está la restricción que puede suponer para el legítimo derecho de las defensas de los acusados un inicio precipitado del juicio, que el Tribunal Supremo quiere celebrar a toda costa el próximo mes de enero. Varios abogados de las defensas, en las últimas horas Jordi Pina (abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y Marina Roig (abogada de Jordi Cuixart) en el programa Preguntes freqüents, de TV3, han señalado cuestiones procesales tan importantes como que hace falta más tiempo para que las defensas puedan disponer de pruebas o bien que Pablo Llarena ha cerrado la instrucción sin que hayan podido supervisar toda la información que llegaba.
Primero fue el falso relato y ahora el deprisa, deprisa. La justicia.