Dejemos varias cosas claras: en primer lugar, el independentismo como movimiento político ha vuelto a demostrar este 11 de Setembre músculo en la calle movilizándose de una manera notable. Que hayan sido 115.000 personas como dice la Guàrdia Urbana de Barcelona u 800.000 como ha señalado la Assemblea Nacional Catalana (ANC) claro que es importante, pero si hacemos la media entre lo declarado por unos y por otros son varios cientos de miles de personas en unos momentos en que el resultado de sus representantes políticos el pasado 23 de julio no fue especialmente boyante. En segundo lugar, la manifestación ha sido importante pero no histórica. Tampoco debe sorprendernos, ya que venimos de una década de movilizaciones con motivo de la Diada ciertamente espectaculares, alguna de ellas con casi dos millones de asistentes, en 2014, y cantidades por encima del millón de participantes en 2012, 2013, 2015, 2017 y 2018, siempre, utilizando cifras de la Guàrdia Urbana, que eran sistemáticamente más bajas que las de la ANC.

La gran característica ya en el plano político de la manifestación de este año es su carácter fiscalizador. No estamos como, por ejemplo, en 2012, en que el resultado de la Diada desembocó en elecciones catalanas o en la manifestación de 2014, cuando la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, exigió al president Artur Mas, con aquella famosa frase de "president, posi les urnes", que convocara la consulta del 9 de noviembre. Ahora, el escenario es matizadamente diferente y eso, en parte, se debe a las diferentes tonalidades de los discursos —no fue el mismo el de la ANC, que el de Òmnium, la AMI o el Consell per la República— y a las desiguales estrategias de las entidades soberanistas y de los partidos independentistas. Como muestra un ejemplo: la negativa del president Carles Puigdemont al president Pere Aragonès a una estrategia conjunta en Madrid, como le solicitó el segundo en Prada de Conflent este mes de agosto.

Este papel fiscalizador es claramente un escalón o varios más bajo que el de aquellos dos años en que la Diada fue determinante y actuó casi de mandato imperativo. Ahora es más un wait and see y de esperar al movimiento que protagonicen los partidos y sus líderes y muy especialmente el president Carles Puigdemont, al que los resultados del 23-J le han dado una preeminencia a la hora de decidir si hay repetición electoral el próximo 14 de enero o, por el contrario, se desencalla la investidura, fruto de la negociación política, con los votos de los siete diputados de Junts que Pedro Sánchez necesita para estar otros cuatro años en la Moncloa.

Mientras todo eso sucede, España empieza a asimilar pantallas que parecían imposibles como la de la amnistía y cuyo debate, en estos momentos, el PSOE ya ha reducido a si se puede hacer o no antes de la investidura. Es todo un avance, viniendo como venimos de discursos solemnes en que la amnistía era imposible y quedaba fuera de la Constitución. Incluso el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha manifestado este lunes en Burgos a favor de debatir si tiene o no cabida en la Constitución. No parece poco siendo quien es y habiendo presentado varias órdenes de extradición del president Puigdemont. Así está el tema de la amnistía que, ciertamente, requiere aún mucha discreción, además de un coraje político que ya veremos si tiene Sánchez. El tema del calendario no es un tema menor ya que, en el fondo, explica como Sánchez quiere aparecer menos rehén de lo que es ante sus propios votantes y la opinión pública. Pero aquí Junts no está dispuesta a consensuar nada y, o bien hay aprobación en el Congreso por la vía de lectura rápida antes de la investidura, o nos encaminaremos a una repetición electoral.

Con la rapidez que van las cosas, la carpeta amnistía casi parece del pasado y vamos a entrar en no mucho tiempo en otra de las condiciones exigidas por Junts si el perdón queda bien encarrilado. Se trata de lo que coloquialmente se llama "el mediador" y que puede ser también considerado un verificador, un intermediario, un conciliador, en función de la importancia que cada bando le quiera dar. En definitiva, se trata de una persona o varias que certifiquen que los acuerdos se cumplen y que no todo queda en palabras y papel mojado. Este escollo va a ocupar las próximas semanas una vez se visualice que las negociaciones de la amnistía avanzan al ritmo previsto y Sánchez se convenza de que no se va de farol y que el camino de confrontarse con Feijóo el 14 de enero es mucho más empinado.