La decisión de Junts per Catalunya de explorar un pacto alternativo en la Diputación de Barcelona con Esquerra Republicana y el diputado de Tot per Terrassa parte de una bisoñez que hace muy difícil que llegue a buen puerto. En primer lugar, porque la mayoría absoluta está en 26 diputados y suman, en el mejor de los casos, 24: los 12 de Junts, los 11 de los republicanos y el del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. En el otro lado, están los 17 diputados provinciales del PSC y los 5 de los comunes, o sea, 22. La cosa no acabaría aquí si no estuvieran, además, los 4 del Partido Popular y después de haber visto su actuación en el Ayuntamiento de Barcelona nadie puede pensar, con un mínimo sentido del realismo político, que no acabarán entre los tres sumando 26 votos y partida finalizada.
¿Que los comunes o el PP pueden tener vértigo de volverse a encontrar en una coalición encabezada por el PSC? ¡Pero si los argumentos que utilizaron para cerrar el paso a Xavier Trias y Ernest Maragall siguen siendo los mismos! Impedir en el Ayuntamiento de Barcelona un alcalde independentista hace ahora diez días e impedir un presidente de la Diputación de Barcelona independentista la próxima semana. Si la partida está tan clara y es tan evidente, ¿por qué la juega Junts y se apunta Esquerra? Empecemos por los segundos: Oriol Junqueras se ha cansado de repetir por activa y por pasiva que no pactará con el PSC en la Diputación si no es teniendo la presidencia. El acuerdo en las corporaciones provinciales en Lleida y Tarragona parte de esta premisa, pero en Barcelona esto es imposible.
En el caso de Junts, quedarse fuera antes que pactar con el PSC después de lo acontecido en el ayuntamiento con Xavier Trias lo han defendido este martes diferentes dirigentes del partido de Carles Puigdemont en la ejecutiva que se ha celebrado. Desde Jordi Turull a Joan Canadell, pasando por Josep Rius, Marta Madrenas, Salvador Vergés y varios miembros más. Su explicación, con matices, se basa en que el electorado independentista no lo entendería y les penalizaría en las elecciones del 23 de julio, que sería incoherente con la actual línea política trazada por Junts, y que la humillación sufrida en Barcelona impide cerrar cualquier acuerdo con el PSC. Es un camino del que discrepan, de una manera muy amplia, los 12 diputados provinciales de Junts en Barcelona y la gran mayoría de los alcaldes del partido en esta circunscripción provincial. Dos de ellos, Marc Castells y Sergi Vallès, alcaldes de Igualada y de Torrelles de Foix, respectivamente, y ambos diputados provinciales, han hecho saber su incomodidad y presionan así al secretario general, Jordi Turull.
La Diputación de Barcelona ha sido desde 2019 este oscuro objeto del deseo en que se han encontrado Junts y PSC en momentos en que los acuerdos entre ambas fuerzas políticas eran, incluso, más difíciles que ahora. Todo el mundo daba por seguro su repetición hasta el conflicto de intereses en el ayuntamiento de la capital con el pacto de última hora que dejó a Xavier Trias sin alcaldía. Ahora, a Junts le da un vértigo que no ha tenido estos últimos cuatro años pese al ruido político y mediático que se ha producido y los múltiples análisis sobre cómo le perseguiría aquel acuerdo con los socialistas en las pasadas municipales. Lo cierto es que en la campaña de Trias, aquel pacto ni apareció y si alguna cosa tuvo para los alcaldes en las municipales fue ventajas, ya que pudieron disponer de unos recursos —básicamente obras en municipios pequeños o medianos— de la Diputación que difícilmente hubieran tenido estando en la oposición.
En política, casi siempre hay que apostar y no siempre entre lo bueno y lo malo, sino muchas veces entre lo malo y lo muy malo. Junts apostó en la salida del Govern, empujado, eso sí, por Esquerra. Hay quien sigue defendiendo que la decisión fue la mejor, pero muchos siguen opinando lo contrario. Ahora, con la Diputación pasa lo mismo. Igual como si se abriera un debate sobre si Trias hubiera tenido que compartir alcaldía con el PSC y repartírsela tres años y uno. Al final, todo es escoger. Pero Junts corre un serio riesgo de irrelevancia institucional. Y eso, para un partido que aspira a ocupar un espacio central de la política catalana, puede ser un problema.