Aunque se ha dicho muchas veces, la situación política que vive Catalunya se enquistó definitivamente el 3 de octubre de 2017, con aquel nefasto discurso del jefe del Estado que situó fuera de la legalidad a las instituciones catalanas, validó la represión policial del 1 de octubre y provocó una grieta insuperable, al menos hasta el día de hoy, entre buena parte de la sociedad catalana y la monarquía española. En aquel discurso están muchas de las claves de cómo se apartó del terreno de juego al gobierno de Mariano Rajoy y se estructuró una cadena de mando del procés fundamentalmente judicial, con connivencia, en todo caso, con el palacio de la Zarzuela.

Dos años después, cualquier visita del rey Felipe VI a Catalunya es una larga carrera de obstáculos que discurre entre la hostilidad o la indiferencia ciudadana y el boicot de las autoridades catalanas que no acostumbran a participar en ninguno de los actos en que el monarca está presente, excepto en aquellos de una fuerte presencia internacional. El Parlament de Catalunya  ha aprobado diferentes mociones contrarias a la monarquía española, el Govern ha declarado formalmente que la institución no representa a los catalanes y son muchos los ayuntamientos catalanes que se han pronunciado en su contra.

No ha habido, en cambio, ningún gesto de la más mínima corrección de aquel episodio por parte de la Zarzuela, reprochado alguna vez en público y muchas, en voz baja, por sectores unionistas y monárquicos catalanes. Se ha optado por las espadas en alto, el silencio público y corregir lo que desde Madrid podía ser visto como inacción en el caso de Rajoy para actuar contundentemente contra el independentismo o veleidades como en el caso de Pedro Sánchez con la declaración de Pedralbes que, por cierto, está en la web de la Moncloa y que algún día convendría que la quitaran o la cumplieran. Por eso, son especialmente llamativas las declaraciones que ha publicado este jueves El Español y que atribuye a una de las personas que trabajan al lado del Rey cada día, y que, a estas horas nadie ha desmentido. La fórmula de los colaboradores junto con la de un portavoz son las que se suelen utilizar para dar veracidad a una noticia de una institución que solo habla oficialmente por medio de los discursos.

A través de este portavoz, sabemos tres cosas: la primera, que el Rey no se arrepiente de nada de lo que dijo y que no cambiaría ni una coma de su intervención televisiva. Segunda, que hubo muchos problemas para poder materializar el discurso ya que "necesitábamos el apoyo total del gobierno de Rajoy, que tenía dudas" y que la decisión de llevar a término el mensaje estaba tomada en palacio desde el mismo día 1, cuando Zarzuela comunicó a Moncloa que Felipe VI "quería dar un paso al frente" y que, viendo las cargas policiales, jamás dudó. Y, tercero, que según cual sea la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en Catalunya "si tiene que volver a hablar, hablará". En estas tres frases se concentra lo que ocurrió hace dos años y lo que puede volver a ocurrir. Pero también, el papel fundamental que jugó y que muchos juristas han interpretado como fuera de lo que contempla la Constitución para un jefe del Estado en una situación que alguien quiso que imitara a la de su padre el 23-F, pero que no tenía nada que ver.

No era un golpe de Estado, por más que se ha tratado de presentar así y en la prisión están muchos de los miembros del Govern que no están en el exilio, la presidenta del Parlament del momento y los líderes de las entidades soberanistas; y el gobierno español tampoco estaba secuestrado como en el 23-F. Pero, en este caso, la máxima de que el Rey habla en nombre del Gobierno se cumplió matizadamente. Quizás sería más lógico decir que el Gobierno se sumó a lo que decidió el Rey.