¿Por qué el gobierno español que se autodenomina el más progresista de la historia es tan timorato y no ha acercado todos los presos de ETA a las prisiones que tienen más cerca de su casa y el 50% de los que aún continúan encarcelados están desperdigados por el territorio español y alejados de la población de la que son originarios? ¿Cómo es posible que más de diez años después de que la organización terrorista realizara el anuncio del cese definitivo de su actividad armada, poniendo punto y final a 43 años de lucha armada, se haya avanzado tan poco en la reconciliación por parte de los poderes del Estado? Y una última pregunta: ¿tanto cuesta darse cuenta de que sin este último paso cuesta bastante más pasar definitivamente página?
Las concentraciones que se han celebrado este sábado en casi un par de centenares de municipios vascos pretende poner el foco en el retorno de los presos de ETA condenados por delitos que han cometido o por formar parte de su entorno. En total hay 183 presos condenados por terrorismo de ETA y de estos unos 80 están en prisiones del País Vasco o de Navarra. El resto, más de la mitad, están en diferentes cárceles, muchos de ellos en la Comunidad de Madrid. La presencia en las calles de representantes de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, CUP, ANC y Òmnium al lado del independentismo vasco busca también introducir presión a Pedro Sánchez para que, entre otras cosas, hable menos de las víctimas y más con las víctimas.
Aunque el gobierno de socialistas y de Unidas Podemos, en gran medida por la insistente presión de estos últimos, ha dado un empujón importante fruto de los acuerdos parlamentarios que ha tenido que tejer tanto con el PNV como con Bildu para sacar adelante tanto su investidura como diferentes proyectos legislativos, lo cierto es que aún se está muy lejos del final y el cumplimiento de las leyes penitenciarias deja bastante que desear. En parte, porque la Fiscalía ha tenido una actitud contraria y de manera importante en la concesión de segundos y terceros grados.
Mantener la dispersión de los presos y no caminar en la búsqueda de medidas que permitan pasar definitivamente página a aquellos años, resta importancia a lo que fue una gran victoria en 2011 con el abandono de las armas por parte de ETA. Tiene que haber negociación política, eso es indudable, para acabar con la política penitenciaria de excepción que aún persiste. La amnistía sería una vía, como reclama la izquierda abertzale, aunque ya sabemos por la experiencia catalana que la palabra es tabú para el gobierno español y mucho más para el deep state.
Porque lo más paradójico de todo es que mientras en el País Vasco se intentan dar pasos definitivos para restañar heridas, una parte importante de la política española y de la prensa madrileña necesita que el tema siga existiendo como un motivo de agitación permanente. Solo hacía falta leer en las ediciones digitales cómo escocían las manifestaciones y que en ellas estuvieran presentes los partidos independentistas catalanes en apoyo de la reivindicación de la sociedad vasca.