La huida de España del rey emérito a consecuencia de sus escándalos de corrupción empieza a asemejarse por momentos a una serie barata de telenovela y también a aquella fuga que protagonizó el exdirector general de la Guardia Civil, Luís Roldan. Empieza a ser un exilio que tiene detalles de un estado incapaz de hacer las cosas bien hechas: cada día se filtran, desde la propia Casa del Rey, noticias diferentes sobre el periplo de Juan Carlos I, todo en un intento de despistar a los periodistas. 

La Moncloa y la Zarzuela codirigen una fuga vergonzosa que pretende proteger al huido y lejos de eso no hacen más que poner el foco permanentemente en el huido, al que uno se imagina tratando de llegar al sitio donde nadie pueda dar con él. ¿Qué podía salir mal en medio de tanta incompetencia? Y, finalmente, el destino: ahora ya no está en la República Dominicana, después fue Abu Dhabi y ahora parece ser Nueva Zelanda.

Quizás sea este último punto el que más está llamando la atención de los medios de comunicación extranjeros, sorprendidos por la falta de información oficial. Se hacía eco de una manera especial la prensa alemana a través del Süddeutsche Zeitung de Munic, el segundo diario del país, incapaz de entender como el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podían estar colaborando en una operación así que iba a erosionar su credibilidad en Europa.

Y es que, en el fondo, no deja de ser curioso que el país que más dinero ha pedido en ayudas a la Unión Europa por la virulenta crisis económica sea el mismo que ayuda a huir al exjefe del estado salpicado por casos de corrupción de cientos de millones de euros que afectan a la familia real, pone cuatro agentes de la Guardia Civil para su vigilancia permanente y le dota de infraestructura suficiente para su exilio.

Para salvaguardar, al menos, la apariencia de un país equiparable a los de nuestro entorno son urgentes tres cosas: una comparecencia inmediata del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, una explicación pública de Felipe VI, la persecución de la Agencia Tributaria del dinero defraudado —¿Hacienda somos todos?— y un compromiso, con hechos, no con palabras, de la justicia española en la investigación de los delitos cometidos por el emérito. Solo a partir de entonces, el actual sainete de telenovela por capítulos dejará de provocar la vergüenza y la humillación que arrastra la marca España.