La constitución de la Assemblea d'Electes de Catalunya este miércoles por la noche en el Palau de Congressos de Catalunya supone la madurez del Consell per la República como un instrumento útil del independentismo capaz de superar los engranajes y los corsés impuestos por el Estado español. No ha sido un camino fácil y tampoco es por ahora un trayecto irreversible. Pero vale la pena poner en valor el consenso de todas las formaciones independentistas para la creación de la Assamblea d'Electes, que es el primer embrión político del Consell per la República. Así como la asistencia de más de 2.000 inscritos que son concejales, diputados o senadores. El momento de su constitución tampoco es casual: al cumplirse dos años del exilio o prisión de los miembros del Govern.

Con un cierto y no buscado desorden la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo se está produciendo en todos los niveles: el institucional, el político, el empresarial, el sindical, el universitario, el deportivo, el asociativo, el de los colegios profesionales, etc. El nuevo ente de cargos electos, pensado en un momento en que se quería disponer de un organismo capaz de suplir un embate de un nuevo 155, nace con unas funciones difusas, aunque con la fuerza necesaria de todo aquello que huele a unidad política. También nace sin un estricto control de los partidos aunque eso, en todo caso, se tendrá que ver a medida que avance el tiempo.

La contundencia del discurso del president Carles Puigdemont por videoconferencia desde Waterloo, certificando que el independentismo retoma el camino hacia el reconocimiento de la República catalana, se tendrá que corresponder, en todo caso, con hechos que hasta la fecha no se han visto y con acciones sobre las que los partidos independentistas han planteado hasta ahora muchas más dudas que actuaciones.

La dirección coral de los electos catalanes obliga necesariamente al consenso, algo que siempre es bueno si no lleva a la parálisis. El decálogo de amnistía, libertad de los presos, retorno de exiliados, fin de la represión, apoyo a la movilización popular, defensa de la soberanía de las instituciones, exigencia de diálogo al Estado, una mesa de negociación y la mediación internacional para solucionar el conflicto con España es un punto de partida. La siguiente fase del independentismo será necesariamente calendarizar los tiempos de espera para una respuesta del Estado y gestionar el apoyo a la movilización popular en unos momentos en que las iniciativas siguen desbordando las costuras de los partidos y las entidades soberanistas.