Los empresarios catalanes que este sábado acudan a la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia de Sitges dispondrán de una nueva oportunidad de expresar al Gobierno español su malestar por el maltrato que recibe Catalunya año tras año por parte del Estado en lo que se denomina la inversión territorializada del Ministerio de Fomento y que afecta de una manera clave a las infraestructuras. La visita del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debería servir para eso en un foro que antaño era muy exigente en este tipo de cuestiones, y se vanagloriaba de ello, y que ha ido dejando de lado estas reivindicaciones con argumentos tan peregrinos como, por ejemplo, que así no se le confunde con el movimiento independentista.

Y el momento no puede ser más oportuno. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acaba de hacer público que Catalunya ha recibido en el 2018 el 10,4% de la inversión estatal, que es el porcentaje más bajo desde el 2015, cuando se situó en el 8,4%. ¿Qué nos dice este porcentaje? Básicamente, dos cosas: que no se respeta el que le correspondería en función de su peso en el PIB del conjunto del Estado, que es del 19%, ni, tampoco, si se sigue el criterio de población, que es del 16% del total. El Estado solo ejecutó en Catalunya el 57,7% de la inversión presupuestada cuando la media española se situó el pasado año en el 75%.

Vale la pena incorporar aquí otra cifra que también tiene mucho que ver con la economía catalana como es la financiación autonómica, cuyo modelo está vencido desde hace mucho tiempo y que es especialmente lesivo para Catalunya. La renovación se tenía que haber hecho en el año 2013 y, por ejemplo, en noviembre de 2017, el entonces jefe de la oposición Pedro Sánchez declaró pomposamente en Valencia que daba hasta diciembre a Mariano Rajoy para que propusiera un nuevo sistema. Se fue Rajoy, llegó Sánchez y el sistema de financiación ni está ni se le espera. Mientras tanto, ha habido promesas de lluvias de millones y de presupuestos mágicos que por una u otra razón nunca acaban llegando a buen puerto. Claro que lo más fácil -y, sin duda, lo más cómodo- es mirar siempre hacia la Generalitat, administración a la que con las manos atadas se le pide que dé respuestas que solo puede ofrecer, en la actual coyuntura política, un estado.

Inversión y financiación autonómica son dos caras de la misma moneda y que no es otra que el maltrato que reciben los ciudadanos de Catalunya. No los ciudadanos independentistas de Catalunya, todos ellos; también los que votan otras opciones ideológicas pero tienen su base empresarial en Catalunya. Los que este sábado estén en Sitges también son igualmente castigados en la parte que más les afecta directamente: en sus exportaciones, en el precio de la energía o en el déficit endémico de las infraestructuras, por poner tres ejemplos. Porque, al final, los incumplimientos y la mala fe acaban siendo, se mire como se mire, un lastre insoportable para toda la ciudadanía.