La entrada en prisión de Abel Mora, un joven independentista, condenado a cumplir una pena de 3 años y 9 meses como coautor de lesiones a un hombre que llevaba una bandera y una gorra española, cuando volvía de participar en una manifestación del sindicato de la policía española Jusapol, en el metro de Barcelona, en noviembre de 2018, le convierte en el primer represaliado que ha ingresado en la cárcel pese a la aprobación de la ley de Amnistía. Desconozco qué hubiera pasado si, a demás de ser aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves por la mañana, la ley también se hubiera publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cosa que, sin ser preceptivo, acostumbra a ser un timing reducido de días, si no hay un impedimento. Como es el caso.

Lo que no debió pasar nunca es que el gobierno del PSOE hiciera uso del BOE en términos electorales, ya que igual que ganan los socialistas, alejando todos los recursos judiciales que pueda haber hasta después de las elecciones europeas del próximo domingo, pierden los independentistas, que ven mermados sus derechos. Abel Mora es uno de ellos y con un calendario mucho más ágil para que la ley sea efectiva, quizás su situación sería diferente. En cualquier caso, no sería la política quien marcaría el calendario, sino la justicia española. No es que sea mucho mejor, pero, al menos, habríamos entrado en una fase diferente en la que se podrá ver con mayor claridad cuál va a ser la reacción del Tribunal Supremo. Hasta la fecha, el magistrado Manuel Marchena y el resto de miembros de la sala cuarta parecen moverse más bien por el camino más duro y tortuoso para el independentismo.

Con el uso electoralista del BOE, el Gobierno aleja los recursos judiciales contra la amnistía pero los independentistas ven mermados sus derechos 

Si esa fuera la decisión, estaríamos hablando, seguramente, de negar la aplicación de la ley y esperar a que las prejudiciales que se planteen en Europa tengan un fallo definitivo. Los fiscales del Supremo ya trazaron el otro día su hoja de ruta en esta dirección, fijando la doctrina de que la malversación quedaría fuera de la ley de amnistía. Es obvio que si ese fuera el pronunciamiento final, los tiempos para el retorno a la política de los presos del juicio del procés que fueron indultados —desde Oriol Junqueras a Jordi Turull, entre otros— entrarían en un calendario mucho más dilatado, en el que podríamos estar hablando de varios años. Lo mismo les sucedería a los exiliados, empezando por el president Carles Puigdemont, sin que se pueda establecer un criterio definitivo respecto a su libertad a su retorno a Catalunya cuando así lo ha anunciado, para la investidura del president de la Generalitat, sea Salvador Illa o él mismo el candidato. Es decir, los dos únicos que han adelantado su decisión de intentar obtener la mayoría necesaria en el Parlament.

Por todo ello, me cuesta enormemente entender que no se presione con más fuerza al gobierno de Pedro Sánchez para que publique la ley en el BOE y no juegue por unos votos con cuestiones tan importantes. Por si acaso, cada mañana miro si ha salido promulgada, ya que nunca una cosa tan importante dependió de menos personas. Cuando nos preguntamos por qué la gente se aleja de la política, este es un caso de manual. No pidamos a los electores que entiendan estas maniobras, ni que se les insista en la importancia de poder condicionar al gobierno español con 14 diputados independentistas. Porque, de repente, emerge Alvise Pérez, un comunicador de ultraderecha que se presenta a los comicios de este domingo bajo la agrupación de electores Se acabó la fiesta, y aparece el CIS este lunes apuntando que puede ser la quinta formación más votada en España, por detrás de los cuatro grandes y por delante de todas las alianzas periféricas, partidos independentistas y Podemos. Y, entonces, nadie entiende nada y todo el mundo se hace el sorprendido.