Cuesta de entender que una persona fría y calculadora como Soraya Sáenz de Santamaría, la todopoderosa exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy y, sin ninguna duda, la mujer que ha detentado más poder en España desde Carmen Polo de Franco, se haya dejado seducir, o algo aún peor, por una oferta de un despacho de abogados, por muy importante que sea. Que, además, el bufete Cuatrecasas tenga su sede central en Barcelona no deja de ser un amargo recordatorio para SSS: la política se practica en Madrid, la capital del Estado, pero la iniciativa privada se ejerce en Barcelona. Ya sucedió con otra pepera de postín como Esperanza Aguirre, la lideresa, como le gustaba ser conocida, que en un momento determinado fue todopoderosa en la Comunidad de Madrid y acabó trabajando para Seeliger y Conde, la empresa de cazatalentos de Luis Conde.

Cuando hace unos días un muy buen amigo me comentó, como algo más que un rumor, esta posibilidad, debo reconocer que no di pábulo alguno a lo que decía. ¿Cómo iba a aceptar SSS un destino como este cuando su aspiración sigue siendo liderar el PP y optar algún día a la presidencia del gobierno español? ¿Todo el poder que ostentaba en la Moncloa, los secretos conocidos en función de su cargo, sus despachos con el CNI, que dependía de ella y que le dieron una posición de preeminencia a la hora de eliminar muchos de los obstáculos que se le ponían enfrente, iban a acabar en el baúl de los recuerdos en su tránsito a la vida privada? No sé por qué razón cuando, por ejemplo, supimos en el diario que Duran i Lleida conseguía, al fin, un consejo importante como el de AENA era verosímil y lo de Soraya no. Bien es cierto que después las cosas se pueden acabar explicando siempre como más conviene y para eso siempre están los libros.

Y Soraya tendrá muchas razones para el paso dado pero no por ello deja de ser un gran despropósito. Nada tiene que ver con que sea o no sea legal, algo que la Oficina de Conflictos de Intereses ha dejado meridianamente claro pese a que su cese como vicepresidenta apareciera en el BOE del 2 de junio de 2018 y hayan transcurrido, tan solo, algo más de nueve meses. Pero la legalidad y la ética no siempre van por caminos paralelos. Tampoco es la primera vez que se da en la política española un tránsito entre lo público y lo privado y de ahí, quizás, el escaso revuelo que se ha producido entre la clase política y la adiestrada prensa de papel que llega cada día a los kioskos.

Una de las sentencias atribuidas a Julio César que ha llegado hasta nuestros días reza que "la mujer del César, además de serlo, debe parecerlo". Por eso, a menudo, es bueno contraponer la legalidad frente a la ética, aunque solo sea para preguntarse dónde esta el límite. No debería ser esa una cuestión exclusiva de debates filosóficos sino también reputacional cuando se trata de una personalidad pública que en nueve meses pasa de defender los intereses del Estado a enfrentarse y pleitear contra el mismo. Porque se corre el riesgo de que el final sea el de una legalidad sin ética.