Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia y la capital económica por excelencia del país, sacó este sábado a la calle a decenas de miles de partidarios de un segundo referéndum de independencia como ha propuesto la ministra principal Nicola Sturgeon. Desde que Sturgeon lo propuso el pasado 24 de abril la primera ministra británica, Theresa May, se ha refugiado en la votación del primer referéndum en 2014, que los independentistas perdieron, y aunque está en contra de una segunda consulta, como ha hecho saber en Aberdeen, donde se celebra estos días el congreso de los conservadores, las espadas están en alto por, al menos, tres motivos: el impulso escocés, los problemas internos del Brexit y el plácet del anterior gobierno británico presidido por David Cameron.

Las decenas de miles de personas que han salido en Glasgow, donde, por cierto, en el referéndum de 2014 ganó el sí por un 53% de los votos, a diferencia de Edimburgo, la capital política donde ganó el no, son todo un aval para Sturgeon y un grave problema para May. El gobierno escocés quiere celebrar el referéndum a principios del año próximo y dentro de esta legislatura que acaba a finales de 2021.

Aunque el Gobierno español siempre trata de diferenciar la legislación de británica de la Constitución española, no hay duda alguna de que la propuesta de Sturgeon y lo que acabe haciendo May o un nuevo gobierno es un grano de enormes dimensiones en el corazón de su política. Ya lo está siendo las actitudes diferenciadas de los dos gobiernos: no se escuchan en Londres palabras subidas de tono, ni insultos como en Madrid, ni tampoco aseveraciones impropias como golpistas o sediciosos. Tampoco la monarquía y la reina Isabel II han hecho ningún pronunciamiento ni por conductos oficiales, ni tampoco oficiosos. Una posición inteligente para acabar siendo, en cualquier circunstancia, la soberana de los escoceses.

Contrasta esta actitud de fair play en una cuestión tan trascendental con la que se vive estos días, por ejemplo, la candidatura independentista al Parlamento Europeo de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Con una Junta Electoral Central claramente inquisitorial que ha vulnerado la legislación cometiendo un auténtico atropello jurídico, la Fiscalía le ha enmendado la plana y el caso ahora está en manos del Supremo, que debe pronunciarse este domingo. Es preocupante que la idea de 'salvar España' en manos del deep state solo sirva para atropellar derechos individuales y colectivos.