La revista norteamericana de tecnología Wired acaba de revelar que España defiende prohibir la encriptación de los mensajes cifrados de extremo a extremo, aquel que utilizan plataformas como WhatsApp o Signal. Una posición que, según explica la revista, está en el límite de lo que piensan los diferentes estados europeos y que supera, en dureza y contundencia, incluso a estados como Polonia o Hungría. Obviamente, este no va a ser tema de campaña electoral, ya que el Partido Popular y las formaciones de la derecha no están en condiciones de dar grandes lecciones al respecto y los socialistas son los primeros interesados en que de todos estos temas que, de una manera u otra, pueden acabar despertando una gran preocupación por lo que suponen de violación de la intimidad o la pérdida de derechos fundamentales, se hable lo menos posible. No cuenten, por tanto, que tenga en España un gran recorrido mediático.

Claro, la agenda de campaña del gobierno Sánchez está milimétricamente elaborada para realizar cada día un anuncio. Este martes ha tocado el de la aprobación de la ley paritaria que obligará a que la dirección de las empresas, el Gobierno de España, las candidaturas electorales, así como órganos judiciales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, tengan una representación mínima del 40% de cualquiera de los sexos. Mañana tocará otro y así hasta la fecha electoral. La adaptación a la ley durará hasta 2028 pero eso es algo que no ocupa titulares, como sucede con las promesas que ya veremos cuándo y cómo se llevarán a cabo relativas a un mayor parque de vivienda pública, las ayudas en la hipoteca, el cine a dos euros a mayores de 65 años, el refuerzo a la atención primaria, la creación de un interraíl español para que los jóvenes conozcan mejor el estado y varias más, ya que no hay día sin conejo en la chistera.

Las campañas electorales tienen eso: los gobiernos sacan del baúl de los compromisos formulados en algún momento un auténtico plan renove y ahí depositan la confianza. Cada gobierno tiene su estrategia de captación de votos y de mirar de enredar al personal. La legión de empleados que estas últimas semanas está trabajando a marchas forzadas para acabar obras municipales en el centro de Barcelona, sin importar la hora o el día, en Consell de Cent sobre todo, es realmente llamativa. Debe pensar el equipo de Colau que lo importante es llegar a tiempo, cueste lo que cueste. De hecho, hay barrios que este último mes han vivido una actividad inusual en sus calles con fiestas, conciertos y todo tipo de actividades lúdicas que solo se producen, casualmente, en período electoral.

Pero volvamos a lo que hay detrás de la prohibición a la encriptación de mensajes cifrados de extremo a extremo. Lo hemos visto en el pasado con el uso de Pegasus para el espionaje de ciudadanos por el simple hecho de su ideología política. Una actitud delictiva, por cierto, de la que el gobierno español ha dado unas explicaciones tan vagas y parciales que sobre todo han servido para confirmar que ocultan lo que en realidad hicieron. Este caso de la encriptación es un paso más en la misma dirección, que acaba dejando desprotegidos de sus derechos a los ciudadanos y sin que nunca se sepa que se ha hecho y para que ha servido la información obtenida. Si hasta la fecha ha habido espionaje preventivo, ahora se pretende por la vía legal seguir realizando a gran escala lo que de una manera incipiente e ilegal se ha realizado.

Este tema, por su importancia, merece que, pasada la campaña electoral, se le exijan al gobierno de Pedro Sánchez explicaciones porque el camino abierto es enormemente peligroso. Si no, al tiempo.