Ha tardado pero ha llegado. A partir de ahora no se podrá decir que es un mantra del independentismo catalán: España ya es en el ranking que elabora anualmente la influyente revista The Economist una democracia defectuosa, habiendo perdido la condición que ostentaba de democracia plena. La presión que debe haber ejercido el gobierno español —porque a nadie le gusta estar en esta posición y hacía demasiados años que España se acercaba al abismo, pero conseguía superar esta situación en el último momento— tiene que haber sido enorme por otros precedentes que se conocen. Pero esta vez no ha sido suficiente y hasta el año próximo, cuando vuelva a publicarse el ranking, España deberá llevar en la mochila de sus déficits democráticos la valoración de The Economist; y la constatación de que la justicia española lleva en la mochila que porta a sus espaldas demasiadas piedras y demasiadas injusticias para que sea consideraba equiparable a la de los países con una democracia plena.

Seguramente, España ha caído en el pozo por el enorme peso que ha tenido la justicia en decisiones tan diferentes como la ley mordaza, la persecución de los artistas en lo que eran situaciones claramente de libertad de expresión, la prohibición de los debates parlamentarios sobre la unidad territorial o la monarquía y las desmesuradas condenas a los presos políticos independentistas. O la situación en que se encuentran los miembros del Govern que en 2017 se exiliaron y cuya extradición ha ido reclamando el Tribunal Supremo a la justicia de diferentes países y que, uno tras otro, han ido rechazando. Desde Bélgica, que fue la primera, hasta Alemania, Suiza, Francia, Holanda y también Italia. Ningún país ni de la Unión Europea ni del resto del continente ha cedido ante el Supremo, han mantenido su condición de ciudadanos con libertad de movimientos ante el enojo de los tribunales españoles y de los altavoces mediáticos que los acompañan.

Es una victoria significativa, ya que The Economist no puede ser visto como un medio que sintonice con las demandas independentistas, en todo caso con la necesidad de un referéndum que dilucide si son reales las demandas de los partidos que defienden la independencia como ganadores de todas las elecciones catalanas desde que se puso en marcha el procés en 2012. Para entendernos, son contrarios a la independencia pero de una enorme pulcritud respecto a los pronunciamientos democráticos de la ciudadanía. Es muy normal que el gobierno español no quiera hablar del tema e incluso tienda a minimizar el impacto de una noticia tan negativa. No deja de ser curioso que España haya sido definida como una democracia defectuosa con un gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que, en cambio, consiguiera sortear esta calificación con los gobiernos de Mariano Rajoy.

Ello viene a demostrar dos cosas: por un lado, que ha cuajado internacionalmente la idea de que España tiene un problema grave con la justicia cuando los tribunales del resto de países van por un camino diferente. La peregrina idea de que son ellos los que van en dirección contraria tiene poca credibilidad internacional. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea respecto al president Carles Puigdemont y el resto de consellers que abandonaron Catalunya y se exiliaron en 2017 y que se espera alrededor de los meses de mayo a junio de este año, puede ser el rejonazo final a la etapa negra, negrísima, protagonizada por los altos tribunales españoles.

Pero hay un segundo factor igualmente importante: la falta de crédito internacional a España. No es que Biden rehúya hasta la fecha las reuniones con Pedro Sánchez e incluso esquive la foto en los pasillos, es que su participación en los conflictos internacionales o en las decisiones multilaterales es políticamente muy menor. La Moncloa lo intenta y es probable que algún día consiga que los inexistentes brotes verdes den algún resultado. Pero solo hace falta estar un poco atento a las cancillerías con sede en Madrid o a lo que se cuece en Bruselas o Berlín para ver que la capacidad de influencia es pareja a la que tienen los partidos independentistas en la política española. Nada de nada.