El Tribunal Constitucional, que parece ser que es, junto al Tribunal Supremo, quien acaba decidiendo sobre todo lo que acontece en la política catalana de un tiempo a esta parte, parece que ha decidido tomarse hasta el próximo mes de marzo para pronunciarse sobre el recurso del gobierno español a la designación de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y sobre la convocatoria del pleno parlamentario correspondiente. Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de vaticinar que el  juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que lleva el caso del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia, procederá a inhabilitar a toda la cúpula independentista cuando tenga cerrada la instrucción, algo que se prevé para este mes de marzo, y obviamente antes del juicio que se espera inicialmente para el otoño. Las declaraciones de Catalá hay que tomarlas muy en cuenta ya que casualmente siempre suele acertar cuando se trata de pronosticar la evolución de los procesos judiciales que afectan al independentismo pese a quedar fuera de las competencias de su ministerio.

Es obvio, por tanto, que mientras aquí se discute sobre los mecanismos para implementar la mayoría de 70 escaños en el Parlament, la maquinaría politico-judicial de Madrid camina a pasos acelerados y a poco que se despiste la Cámara catalana todos los miembros del Govern cesados por Mariano Rajoy y el 155 y también los otros diputados implicados en la causa, como Jordi Sànchez o Marta Rovira quedarán inhabilitados para ocupar cargo público, mientras los grupos políticos independentistas se dedican a la vida contemplativa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 384 bis, abre la puerta a que sea así, antes incluso del juicio en los casos que afecten a personas relacionadas o integradas con banda armada, individuos terroristas o rebeldes. Se les aplicaría este último supuesto y santas pascuas. Que después el delito de rebelión es rechazado por el tribunal al finalizar el juicio es, hoy por hoy, una cuestión menor, ya que lo que se pretende es que sean apartados ahora. Como también es menor la opinión muy generalizada en el mundo del derecho de que el delito de rebelión es insostenible, algo que, por otro lado, también ha defendido quien fue en su día el redactor del artículo correspondiente en el Congreso de los Diputados, el parlamentario socialista Diego López Garrido.

A la vista de todo ello, vale la pena preguntarse si tiene sentido que el president del Parlament, Roger Torrent, mantenga la suspensión del pleno de investidura ya que en estos momentos todas las cartas están más que dadas. Hay un fallo del Tribunal Constitucional de sobras conocido y un recurso del gobierno español ante el Alto Tribunal sobre el que no cabe llamarse a engaño por lo que se refiere al resultado final. Desde la prisión de Estremera, Oriol Junqueras ha defendido la investidura de Puigdemont y ha abierto la puerta a combinar una presidencia legítima, todo y que simbólica, con una ejecutiva. También dice que él no se ve en la presidencia ejecutiva, un paso previo y necesario para un nuevo candidato en este segundo papel.

Habría que exigir ahora que la guerra de guerrillas para ganar posiciones entre Junts per Catalunya y Esquerra dejara paso al bien común que es la unidad. Si no de los partidos, sí de la gente que los ha votado, que desea un acuerdo cuando antes mejor.