Habrá que empezar a pensar que no es que en España se espíe a los independentistas con el programa Pegasus con autorización judicial del Tribunal Supremo y también sin autorización ninguna, utilizando algunas de las cloacas policiales para desacreditar o tener información del adversario político; sino que el nivel de sofisticación de estas cloacas, que ahora sabemos que han servido también para manipular resultados electorales, es absolutamente nauseabundo. No es que en España haya cloacas, sino que España es un estado cloaca donde se obtiene información por todo tipo de cauces ilegales, se inventan informes policiales desde despachos oficiales del máximo nivel ministerial y se conoce a la perfección los medios de comunicación a los que se les tiene que proporcionar esta información falsa y que publicarán sin rechistar.

Todo ello, pasa en España y el Defensor del Pueblo, una figura que tendría que ser independiente, lejos de escandalizarse por el espionaje del CNI concluye, con enorme celeridad, que se realizó "de acuerdo con la Constitución". Quizás sepamos pronto a qué se ha debido la prisa del socialista Ángel Gabilondo y que no haya una razón tan prosaica como la defensa de la Constitución. La guinda de esta España bananera, la pone el regreso del fugado Juan Carlos I, que llegará a Sanxenxo este jueves, lo que la Casa de su hijo ha dado a conocer este miércoles por la noche en un medido y milimétrico comunicado oficial. Ahí se dice que estará en la localidad gallega hasta el 23, cuando viajará a Madrid para estar con su hijo Felipe, la reina Sofía y demás miembros de su familia en el palacio de la Zarzuela, sin precisar qué se entiende por su familia, aunque no parece incluir a su nuera Letizia y a sus hijas.

Aun aceptando que las publicaciones del diario El País de las cintas de Villarejo no son material reciente y tampoco han sido obtenidas en fechas próximas y, además, tienen por objeto desviar el tiro del escándalo del espionaje al independentismo catalán con Pegasus, hay en ellas un material valioso que certifica cómo se llevó a cabo desde el gobierno del PP la alteración de los resultados electorales de 2012 a partir del impacto que tuvo una noticia falsa preparada por la policía. Aquella manipulación informativa que salió del Ministerio del Interior, siguió en el diario El Mundo, y fue amplificada mediáticamente durante dos semanas en diarios, radios, televisiones y tertulias, situaba en el epicentro electoral unas cuentas falsas en Suiza del entonces president Artur Mas. Después vendría, en 2015, la cuenta también falsa de Xavier Trias en el país helvético. Aquellas fake news privaron a Trias de la alcaldía de Barcelona y Mas perdió doce escaños, pasando de 62 a 50, cuando un mes antes de los comicios, una encuesta de La Vanguardia le otorgaba la mayoría absoluta, situada en 68 escaños. Un cambio realmente solo atribuible a la miserable campaña que se realizó desde las cloacas del Estado.

Por todo ello, no se puede pasar página a lo que ha sucedido con una simple garantía de que no volverá a pasar. Durante más de una década se han inventado noticias y se ha espiado impunemente y eso lo han hecho gobiernos del PP y del PSOE. El independentismo catalán ha sido una víctima de todo este descarnado asedio. No hay margen alguno para pensar que no seguirá sucediendo y, por ello, es imprescindible la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que han solicitado los partidos independentistas y Podemos. Esa es la única transparencia que la democracia española puede aceptar si quiere realmente hacer limpieza y empezar a sacar la cabeza de la podredumbre que los partidos del régimen del 78 están empeñados en que no salga nunca. Por los siglos de los siglos.