La decisión del Tribunal de Cuentas de no conceder una prórroga para que la treintena de dirigentes independentistas puedan formalizar  la fianza de 5,4 millones de euros que se les pide por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 demuestra hasta qué punto el objetivo no es otro que arruinar a los implicados con un ensañamiento y crueldad del todo inexplicable. Un mes de prórroga han pedido y no se les ha dado ni una hora que sobrepase la medianoche del próximo miércoles, día 21.

Eso es lo que pasa cuando el objetivo no es el que tendría que ser, recuperar el supuesto dinero supuestamente malversado, sino imponer un escarmiento que sirva de brújula para el conjunto del independentismo catalán. El deep state está empleándose a fondo en un órgano de derecha extrema que domina y controla. También moviendo sus tentáculos para que el decreto del Govern que creaba un fondo complementario de riesgos de diez millones de euros a propuesta del conseller d'Economia, Jaume Giró, para situaciones como la planteada por el Tribunal de Cuentas, tenga los mayores obstáculos posibles.

Ya se sabe que una insinuación desde el Banco de España es más que suficiente para que las entidades financieras se hagan las remolonas y huyan de cualquier complicación que puedan llegar a tener. Máxime, si los nombres que se beneficiarían son los de Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Francesc Homs, Raül Romeva... y, así, hasta completar la lista de altos cargos del Govern en aquellos seis años.

Y, por otro lado, las gestiones con los bancos internacionales necesitan más tiempo para una operación financiera de este tipo. Aparentemente es sencilla, ya que la cantidad de diez millones de euros que establece el decreto ley del Govern no es ni mucho menos elevada. Por eso les resulta muy sorprendente que las entidades financieras españolas no se hayan puesto a tiro al estar garantizado el contraaval de la Generalitat.

En las próximas 48 horas se decidirá la suerte de un puñado de servidores públicos que ni malversaron fondos, ni nada por el estilo. La Caixa de Resistència ha recaudado sobre un millón de euros, una cantidad significativa pero a todas luces insuficiente. La partida aún no se ha acabado aunque el tiempo se agota. Llama clamorosamente la atención como el gobierno español de esa supuesta izquierda se mira los toros desde la barrera, cuando ellos mismos saben el cambalache que es el Tribunal de Cuentas, hoy obsesionado con los independentistas y mañana no se sabe con quién.

Antes de ser cesado por Pedro Sánchez, el ex ministro Ábalos señaló que esta causa ante el Tribunal de Cuentas eran piedras en el camino del diálogo. Ábalos ya no está y hoy hay una ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puertollano y persona de confianza del presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, que pide aparcar el referéndum de independencia y, con un cierto aire de condescendencia, señala que el independentismo en estas cuestiones "tendría que haber aprendido la lección". ¡Caray!