Siete años después de que venciera el actual modelo de financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda se ha decidido a abrir el melón de la negociación con las comunidades autónomas de régimen común, o sea, todas, menos el País Vasco y Navarra. En total, hasta 120.000 millones que deberán repartirse ―si no hay acuerdo, el Gobierno deberá decidir si impone el modelo o que todo siga como hasta la fecha― y que no va a servir para corregir el déficit fiscal del Estado con Catalunya, un talón de Aquiles tan relevante que cualquier mejora respecto al momento actual que se pueda llegar a conseguir queda, obviamente, muy lejos de cualquier criterio mínimamente justo que reequilibre la situación.

La ministra María Jesús Montero ha elaborado un documento de 240 páginas que pretende que sirva de base para la larga negociación que se tiene que producir y en el que pondera que tengan más peso el gasto educativo y el sanitario; también establece el criterio de población ajustada como un mecanismo de reequilibrio para el reparto de todos los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales y territoriales. La reacción inicial de las comunidades autónomas ―solo parece, por ahora, satisfacer a Valencia― permite pensar que se está muy lejos del acuerdo y que Hacienda deberá poner más dinero si quiere hacer algo más atractiva la fórmula y sumar adeptos entre los que ahora están más bien fríos.

Catalunya ha hecho saber que, como criterio general, pese a reclamar una relación bilateral, estará presente en los foros multilaterales cuando lo que esté en juego sean intereses reales y, obviamente, el caso de la financiación es uno de ellos. Así lo ha expresado el conseller de Economia, Jaume Giró, en sede parlamentaria y en diferentes declaraciones, una de las últimas veces, esta misma semana, cuando rehusó participar en una entrega de medallas de Foment del Treball presidida por el rey Felipe VI por entender que en la ceremonia no había intereses a defender, sino que se trataba de un mero acto de carácter puramente protocolario.

La cuestión está en cómo se exige el mejor reparto de estos 120.000 millones para las autonomías de régimen común y se mantiene la denuncia permanente del déficit fiscal, que es donde se acaba produciendo el estrangulamiento económico de Catalunya. Son esos más de 16.000 millones de euros anuales de más que Catalunya aporta al estado español y no vuelven los que hay que tener permanentemente presentes en todas las negociaciones para no olvidar nunca la sangría que se produce y que, en definitiva, repercute sobre la calidad de vida de todos los catalanes.

Lamentablemente, Catalunya no tiene detrás de esta reivindicación el consenso político que sí que se da en el País Vasco y Navarra, pero no por ello se debe dejar de seguir señalando el enorme expolio que se produce y el escándalo que supone. Y ello tiene que ser compatible con sentarse a negociar el sistema de financiación para que el déficit del Estado con Catalunya no sea aún mayor.