La confirmación de la Fiscalía de que su máximo representante, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había borrado personalmente los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo pasados, los días considerados clave para la presunta filtración de los mails sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son una auténtica bomba de relojería. Es cierto que era una deducción obvia, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalaba que habían encontrado cero mensajes en estas fechas, en cualquier tipo de mensajería. Dispusiera de WhatsApp, Telegram, Messenger o quién sabe si otras de mayor privacidad, como Signal. Nada. Es aquella semana crucial en la que el Tribunal Supremo estudia el papel del fiscal general de Estado como divulgador de un secreto que tenía que quedar custodiado, en aras a la privacidad de la pareja de Díaz Ayuso, y llegó a la Moncloa de alguna manera ilícita. 

Se mire como se mire, es bastante obvio que un borrado de un móvil ―estamos, además, hablando de una persona que sabe perfectamente por sus conocimientos profesionales que se iba a crear una presunción de culpabilidad―, refuerza los indicios de culpa contra quien lo hace. Mucho más, sin tomar precaución jurídica alguna, como hubiera podido ser, por ejemplo, declararlo cuando se le incautó el teléfono. Señalar que había un protocolo de borrado y haberlo hecho constar en el acta de volcado. Más que nada como aviso, primero, y como coartada, después. Nada de eso hizo y es difícil ahora no sustraerse a la idea de que lo hizo para ocultar pruebas que suponen un indicio de criminalidad. En este sentido, el espectáculo de Pedro Sánchez pidiendo explicaciones a los que había señalado al fiscal general del Estado no es más que una cortina de humo que pretende generar confusión y movilizar a los suyos, olvidando que la mayoría de las veces una verdad a medias acaba siendo, tarde o temprano, una mentira.

El fiscal García Ortiz tendría que haber dimitido inmediatamente, una vez que el Supremo acordó abrir una causa contra él

Desde el primer momento, he pensado que Álvaro García Ortiz habría tenido que dimitir inmediatamente, una vez que la Sala de lo Penal del Supremo había acordado por unanimidad abrir una causa contra él  por un presunto delito, según decía, de "revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular". Fue una decisión adoptada por unanimidad de la sala, que estaba formada por nombres de carrera lustrosa y que en Catalunya hemos llegado a conocer bien, y que nos traen más de un recuerdo, como los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Claro que puede ser inocente, eso se acabará sabiendo al final de la causa abierta. Pero dado el cargo que ocupa García Ortiz y formando parte del entramado judicial, debe ser el primero en dar ejemplo de la pulcritud de la justicia en España. Entre otras cosas, para que no se produjeran situaciones chirriantes como que los 79 integrantes de la 62 promoción de la carrera fiscal juraran o prometieran el pasado miércoles sus cargos en un acto presidido García Ortiz en la Real Academia de la Lengua Española.

Una última reflexión: un fiscal general bajo sospecha es algo que no debería interesar ni al propio gobierno de Pedro Sánchez. Propagar que es una víctima política desde el Consejo de Ministros acaba siendo una caldera a presión y una deslegitimación de la justicia en España. Decirlo, además, cuando tienes innumerables causas personales y políticas abiertas, después de haberse vanagloriado orgullosamente de lo contrario durante años ante todas las instituciones europeas para deslegitimar las protestas de los independentistas catalanes, se vuelve en tu contra. Y es fácil encontrar declaraciones de estos últimos años de Pedro Sánchez, obviamente antes de que su silla en la Moncloa dependiera de Carles Puigdemont, con frases como estas, pronunciadas tras la detención del president en Cerdeña, en 2021: "Mi respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran y, en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia española". ¿Hemos de suponer que eso sirve también para Sánchez, verdad?