El Tribunal de Cuentas realizó a principios del mes de abril el primer movimiento inequívoco para dejar claro que la persecución del independentismo y la causa que instruye contra 35 ex altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont, este último con Oriol Junqueras como vicepresidente, por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017, poco o nada tiene que ver, por ahora, con la ley de amnistía. Pues bien, este martes, la Fiscalía lo ha remachado con su escrito para que condene a ambos gobiernos a devolver 3 millones de euros. No se considera suficiente que la ley de amnistía por el procés haya sido aprobada inicialmente por el Congreso de los Diputados para frenar cualquier caso que esté incluido. Ahora, tan solo falta el posicionamiento de Sociedad Civil Catalana, que eleva bastante más esta cifra, a más de 5 millones de euros.

Desglosado, el escrito del ministerio fiscal pide que se devuelvan a la Generalitat 883.695 euros gastados para organizar el 1-O del 2017 y 2.208.503 euros más por la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 al 2017. Es obvio que el Tribunal de Cuentas debía haber ralentizado la causa a la espera de la aprobación de la amnistía, ya que no es propiamente un juzgado, sino un órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, cuyos 12 miembros son designados por las Cortes, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado. La captación de sus integrantes entre personal tan diverso como los censores del Tribunal de Cuentas —en la actualidad, auditores o letrados—, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios, o profesionales liberales como abogados o economistas, señalan una barrera muy alejada de cualquier tribunal de justicia.

Estamos hablando, además, de una instrucción que, en los últimos años, ha tenido suficientes interrupciones para poder quedar a la espera, en un cajón, y que tras la ley de amnistía totalmente aprobada en las Cortes, hubiera tenido el desenlace correspondiente. No ha sido así y, por el contrario, se ha preferido mostrar la cara más agria del estado español con el independentismo. Aquella que hace que se perciba que en las instituciones del Estado la amnistía escuece y que no es un plato de digestión agradable. Y eso que, desde noviembre de 2021, el Tribunal de Cuentas quedó en manos de lo que se tiende a denominar una mayoría progresista, ya que la ostentan los socialistas y sus aliados parlamentarios.

Con la instrucción del Tribunal de Cuentas se ha preferido mostrar la cara más agria del estado español con el independentismo

Sostiene el fiscal Manuel Martín-Granizo para mantener su petición de condena que "la transformación de una proposición de ley [la de la amnistía] en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance". Si los plazos parlamentarios del rechazo de la ley en el Senado, su devolución al Congreso, y su aprobación definitiva se mantienen y es una realidad legislativa ya definitiva entre mayo y junio, entraremos en un nuevo escenario en que se tendrá que dar, en principio, carpetazo definitivo. O eso, al menos es lo que se espera. Pero no se podrá negar que los tentáculos del Estado habrán jugado la partida hasta el final y poniendo todas las dificultades a su alcance.