El president de la Generalitat ha anunciado este martes su segundo Govern en diez días una vez el Ministerio de la Presidencia le ha hecho saber por escrito que no iba a publicar en el DOGC el primero que comunicó a la opinión pública, dado que figuraban entre sus miembros dos consellers presos, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos exiliados, Lluís Puig y Toni Comín. La decisión del gobierno de Mariano Rajoy únicamente dejaba dos salidas: mantenerse firmes en su posición y dejar a Catalunya con president y sin gobierno o, por el contrario, rectificar y hacer un ejecutivo sin los cuatro consellers que Madrid se negaba a aceptar. Al final, Quim Torra ha puesto en marcha una tercera vía que es más bien una variable de la segunda opción: retira los consellers objeto de la polémica y simultáneamente anuncia una querella inminente contra Mariano Rajoy por prevaricación.

Es obvio que Torra, después de intentar un camino diferente, ha hecho renuncias a cambio de un Govern que pueda actuar de manera inmediata. En este aspecto, es muy probable que encuentre muchos más partidarios de la decisión que ha adoptado que si hubiera tomado otra opción. Le acompañaba la razón para no hacer lo que ha hecho y, seguramente también, la fuerza legal de que no había ningún impedimento para el primer Govern que presentó, ya que los cuatro consellers en prisión o en el exilio tenían todos sus derechos políticos vigentes. Absolutamente todos. Otra cosa es que el acuerdo de los partidos del 155 dejara la legalidad vigente y la opinión ampliamente compartida de los juristas que han opinado al respecto en un segundo plano, y que se hubieran conjurado para no publicar en el DOGC el primer Govern. En fin, una cuestión de testosterona. Y punto y final.

Hacer política en estas condiciones no es fácil. Máxime con un gobierno español que cambia las reglas de juego permanentemente desde que intervino la autonomía catalana. También de antes, pero la sensación de injusticia y de vulneración de la legalidad se ha hecho más evidente con la suspensión de la autonomía, la disolución del Govern Puigdemont y la convocatoria de elecciones el pasado 21 de diciembre. Aquella jornada electoral y la victoria nítida del independentismo en condiciones enormemente difíciles ha trastocado todos los planes del unionismo. Ahora veremos si, al menos, es capaz el gobierno de Rajoy no solo de dejar sin efecto el 155 —un acto, en teoría reglado, tras la publicación del nuevo Govern— y no introduce trampas complementarias que anulen cualquier efectividad del nuevo ejecutivo catalán.

El control de las finanzas va a ser una de las áreas sobre las que Madrid va a seguir ejerciendo un control semanal o mensual. Algo insólito e insultante y que no se modificará en tiempo. Pero hacer gobierno, como los nuevos miembros sabrán a partir de ahora, es fundamentalmente un camino de espinas. Entre otras cosas, porque quien tiene la sartén por el mango tiene el poder. Y ni una cosa ni la otra están aquí.