El gobierno español, de la mano de Ciudadanos y del PSOE, está dispuesto a dar lo más parecido a un golpe de estado jurídico para impedir la publicación del Govern del president Quim Torra en el Diari Oficial de la Generalitat. En una decisión sin base jurídica alguna, que puede conllevar responsabilidades penales a quien la ejecute, el gobierno español ha decidido asumir por la vía de los hechos atribuciones que no le son propias y que son de exclusiva competencia del president de la Generalitat.

Con 155 o sin él, el presidente del gobierno español no puede tomar decisiones que o bien son del president de la Generalitat —los nombramientos— o de un juez —la suspensión si hay una ilegalidad—. Solo en la España actual, donde los gobernantes, una gran mayoría de su clase política y sus medios de comunicación —de allá y muchos de los de aquí— han optado sin recato por violentar la legalidad, es posible que estemos discutiendo sobre esto. Como solo en la Catalunya meliflua que muchos imaginan y desean, sus cabeceras históricas representativas pueden responsabilizar a Quim Torra del mantenimiento del 155 con el Govern que designó y que, por cierto, no tenía hueco en algunas de sus portadas. 

Un total de ocho asociaciones del mundo jurídico catalán, que representan todas ellas a millares de afiliados, han denunciado la arbitrariedad del gobierno español y de sus socios parlamentarios del 155 con el último desatino. Las entidades soberanistas han anunciado movilizaciones, los comunes han dicho estar en contra y el PSC se ha distanciado algo. El president Torra, incrédulo, ha expresado su confianza en que todo sea tan solo una amenaza y el decreto de nombramiento se acabe publicando este lunes, el día que tocaría ya que la toma de posesión está prevista para el miércoles. Y el president Puigdemont, contundente, ha manifestado que “los golpistas del 155 piensan que el estado de derecho es un interruptor”.

El bloqueo institucional que busca nuevamente el gobierno español no tiene razón de ser. Ni política, ni jurídica. Tres candidatos a la presidencia de la Generalitat —Puigdemont, Sànchez y Turull— fueron bloqueados por la justicia española en unas decisiones muy, muy discutibles, que ya dilucidarán en su día los tribunales internacionales. Se puso un cuarto nombre encima de la mesa y desde aquel momento no hay instante en que no se haya intentado usurpar las funciones de Torra. El gesto del independentismo para no ir a nuevas elecciones parece insuficiente si no va acompañado de un president humillado políticamente y agraviado como nunca antes, entre ataques e insultos no solo a él sino también a su familia. Un precio que no hay que pagar.