Al cumplirse un año del Govern presidido por Pere Aragonès, la puntuación que recibe el Ejecutivo catalán es del 4,55 y solo lo aprueban los votantes de Esquerra, Junts y la CUP. La confianza en el president de la Generalitat es poca o nada para más del 50% de los catalanes y solo el 16,4% tienen en él mucha o bastante. Este es uno de los datos publicados este lunes por El Nacional a partir de una encuesta que para este diario ha realizado el Institut Feedback, que dirige el profesor Jordi Sauret. Las desavenencias entre los socios, la falta de una agenda política clara en clave catalana, el pobre perfil en la política española, la ausencia de respuesta ante los ataques a la lengua y, en resumen, una política borrosa y, en muchas ocasiones, sin rumbo aparente, ha acabado pasando factura y, con ello, siendo posible una eventualidad que hasta ahora siempre se había descartado: el independentismo podría perder las próximas elecciones catalanas.

Porque quien sí que aprovecha la situación política es el PSC, que está en condiciones de ampliar los resultados que obtuvo hace un año, además de verse beneficiados los comunes. La política de Salvador Illa da frutos y su papel de jefe de la oposición recibe una valoración razonable tanto por los votantes de Esquerra como de En Comú Podem, por encima del 4. Un suspenso, ciertamente, pero ya no se da aquella posición tan marcada de bloques a la hora de valorar a un político y situaciones como las del CatalanGate, el espionaje masivo ilegal practicado con el programa Pegasus y que ha tenido al Gobierno de Pedro Sánchez en la diana no han deteriorado la imagen de Illa.

Es cierto que un año de legislatura es poco tiempo para dar muchas cosas por definitivas y una encuesta es la foto de un momento dado. Pero sí que marca tendencias y son esas las que han de preocupar a los partidos que, a veces, parecen más obsesionados en satisfacer a sus militantes más activos —por definición, el núcleo más beligerante de la militancia siempre está más politizado y es más radical hacia un lado u otro— que al conjunto de sus votantes, siempre más permeables y deseosos de que se haga política y se salga de la frontera partidista. A estas alturas, es poco discutible que los partidos independentistas han caído en una telaraña de la que no saben como salir para marcar la agenda política.

Y lo que sucede es justamente lo contrario. La agenda política en Catalunya la marca la justicia española, el espionaje del Estado, la persecución policial, el CatalanGate o Villarejo. Toda esta trama, lejos de perder fuerza, ha ocupado todo el espacio mediático y ha dejado al Ejecutivo catalán con una agenda de temas a gestionar, por lo general, muy poco apasionantes. Entre los que no saben cómo revertir esta dinámica y los que no quieren revertirla solo se abre paso la confrontación partidista y la guerra fratricida para mejorar posiciones. Pocas veces es el país el que sale beneficiado. Este fin de semana, por ejemplo, la entrevista que ha concedido el excomisario Villarejo en el programa FAQS de TV3 ha sido demoledora por las acusaciones que ha formulado y por la descarnada explicación que ha hecho de cómo el Estado español ha actuado contra Catalunya.

Es cierto que Villarejo es un delincuente. Pero ha estado en muchas operaciones del Estado contra Catalunya y hasta hace cuatro días los ministros del Interior recurrían a él con ardor, aunque fuera ardor patriótico. No sé cuánto es verdad de todas las denuncias que ha hecho en FAQS pero aunque solo lo fuera una pequeña parte ya sería suficiente para desatar una crisis de Estado. Eso en un Estado democrático normal, no en España, donde se ha normalizado que contra el independentismo todo vale. Si todo está, como él dice, en sus libretas, que están bajo protección judicial, lo más normal es que se pudieran desclasificar para aportar luz sobre lo que el excomisario ha declarado. Lo contrario solo presenta un Estado a la defensiva y sospechoso de todas las acusaciones.